Por orden del magistrado que está a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres, el jueves y viernes últimos, efectivos de Gendarmería Nacional allanaron los domicilios de las dos escribanas que avalaron las transferencias irregulares de las dos propiedades, hoy valuadas en más de $4 millones, que un empleado del Pami le donó en 2006 y 2007 al actual gobernador Ricardo Colombi (UCR).
Primero requisaron un departamento del Monoblock "D" que está en la avenida Maipú al 1700 en la capital correntina. Es el domicilio de Dionisia Báez, la escribana que el 31 de noviembre de 2006 (la fecha no es un error, es la que figura en la documentación pública) consintió la donación de la mansión que está en 9 de Julio y Perú, hoy cotizada en $3 millones, que Marcelo Lazlo le hizo al entonces diputado nacional Ricardo Colombi.
El segundo allanamiento se realizó el viernes último en un departamento del edificio que está en la calle Vélez Sarsfield 1410 de esta ciudad. Es el domicilio de Roxana Edith Cabral, la escribana que en marzo de 2007 avaló la otra transferencia de un inmueble que Lazlo le hizo a Colombi. Se trata de la casona que está en la calle Chaco casi Yrigoyen en esta capital, hoy valuada en más de $1 millón.
Altas fuentes judiciales ligadas a la causa comentaron que en ambos allanamientos secuestraron importantes documentos que comprobarían las irregularidades de las transferencias y consolidarían la acusación de "enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y evasión fiscal" contra el Gobernador.
De los domicilios de Dionisia Báez y Roxana Cabral, la Justicia Federal rescató "las escrituras públicas completas de las transferencias que Lazlo le hizo a Colombi, con los poderes y todo. Las acusaciones se fortalecen y con las pruebas conseguidas podríamos comenzar a evaluar la existencia de delitos más graves, y no simplemente evasión fiscal y enriquecimiento", detalló la fuente.
Las otras actuaciones en los últimos meses de la causa son dos allanamientos que se produjeron a mediados de junio pasado en dos propiedades de Marcelo Lazlo, en los que también secuestraron valiosas documentaciones con las que ampliarán las acusaciones.
Posteriormente, el magistrado a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres recibió los informes que le solicitó al Banco Nación que tasó, en valores históricos y actuales, las propiedades investigadas.
Mientras que la regional de la Afip emitió un dictamen sobre las declaraciones patrimoniales juradas de Marcelo Lazlo y de su esposa, Elena Adad, y de Ricardo Colombi. El informe determinó qué poder adquisitivo tenía el matrimonio Lazlo-Adad cuando en noviembre y diciembre de 2006 compraron los dos inmuebles (por $1,6 millones) que luego le donaron a Colombi a través cesiones de derechos.
El 23 de julio pasado, el Gobernador debió presentarse ante los estrados del Juzgado Federal de Paso de los Libres para afrontar su primera "declaración indagatoria" en la causa en la que está imputado por "enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y evasión fiscal".
Pero el mandatario radical consiguió que un juez provincial le otorgue un habeas corpus, con el que esquivó la cita. Paralelamente, la medida del magistrado provincial generó un conflicto de jurisdicciones entre la Justicia Federal y la provincial.
Primero requisaron un departamento del Monoblock "D" que está en la avenida Maipú al 1700 en la capital correntina. Es el domicilio de Dionisia Báez, la escribana que el 31 de noviembre de 2006 (la fecha no es un error, es la que figura en la documentación pública) consintió la donación de la mansión que está en 9 de Julio y Perú, hoy cotizada en $3 millones, que Marcelo Lazlo le hizo al entonces diputado nacional Ricardo Colombi.
El segundo allanamiento se realizó el viernes último en un departamento del edificio que está en la calle Vélez Sarsfield 1410 de esta ciudad. Es el domicilio de Roxana Edith Cabral, la escribana que en marzo de 2007 avaló la otra transferencia de un inmueble que Lazlo le hizo a Colombi. Se trata de la casona que está en la calle Chaco casi Yrigoyen en esta capital, hoy valuada en más de $1 millón.
Altas fuentes judiciales ligadas a la causa comentaron que en ambos allanamientos secuestraron importantes documentos que comprobarían las irregularidades de las transferencias y consolidarían la acusación de "enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y evasión fiscal" contra el Gobernador.
De los domicilios de Dionisia Báez y Roxana Cabral, la Justicia Federal rescató "las escrituras públicas completas de las transferencias que Lazlo le hizo a Colombi, con los poderes y todo. Las acusaciones se fortalecen y con las pruebas conseguidas podríamos comenzar a evaluar la existencia de delitos más graves, y no simplemente evasión fiscal y enriquecimiento", detalló la fuente.
Las otras actuaciones en los últimos meses de la causa son dos allanamientos que se produjeron a mediados de junio pasado en dos propiedades de Marcelo Lazlo, en los que también secuestraron valiosas documentaciones con las que ampliarán las acusaciones.
Posteriormente, el magistrado a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres recibió los informes que le solicitó al Banco Nación que tasó, en valores históricos y actuales, las propiedades investigadas.
Mientras que la regional de la Afip emitió un dictamen sobre las declaraciones patrimoniales juradas de Marcelo Lazlo y de su esposa, Elena Adad, y de Ricardo Colombi. El informe determinó qué poder adquisitivo tenía el matrimonio Lazlo-Adad cuando en noviembre y diciembre de 2006 compraron los dos inmuebles (por $1,6 millones) que luego le donaron a Colombi a través cesiones de derechos.
El 23 de julio pasado, el Gobernador debió presentarse ante los estrados del Juzgado Federal de Paso de los Libres para afrontar su primera "declaración indagatoria" en la causa en la que está imputado por "enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y evasión fiscal".
Pero el mandatario radical consiguió que un juez provincial le otorgue un habeas corpus, con el que esquivó la cita. Paralelamente, la medida del magistrado provincial generó un conflicto de jurisdicciones entre la Justicia Federal y la provincial.
