14.5.09

FUERTE RESPALDO AL CIENTÍFICO QUE ALERTO SOBRE EL PELIGRO DEL GLIFOSATO Y FUE AMENAZADO

Un apoyo a la libertad de investigación

Más de 300 científicos, intelectuales, referentes de DDHH y organizaciones sociales expresaron su apoyo a Andrés Carrasco, blanco de una campaña de desprestigio.

Denunciaron la “intromisión mercantilista” en la ciencia.

Por Darío Aranda


El poder económico, con la complicidad de algunos medios de comunicación, dirigentes políticos, universidades y la corporación científica, pretende instalar un discurso hegemónico y acallar disidencias.

Es el eje de una denuncia realizada por más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos y vicedecanos de facultades nacionales, directores de prestigiosos institutos de investigación, reconocidos científicos extranjeros, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos.

La carta abierta, sin precedentes en el mundo científico e intelectual de Argentina, se produjo luego del ataque y difamación sufridos por el investigador de la UBA-Conicet Andrés Carrasco, que alertó sobre el efecto devastador del glifosato (herbicida utilizado en la siembra de soja) en embriones anfibios.

Durante quince días, las compañías agroquímicas, las cámaras empresarias y algunos funcionarios y medios de comunicación descalificaron al científico, que incluso sufrió amenazas anónimas y denunció una intimidación por parte de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).


“El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del ‘desarrollo sustentable’ del modelo sojero y la ‘minería responsable’ como factor de transformación.


Ese discurso hegemónico es legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado”, afirma el texto, llamado “Voces de alerta”, que cuenta con la firma de especialistas de diversas ramas de ciencia, desde ecólogos a biólogos, físicos y médicos, y que también suscriben referentes de las ciencias sociales. Además, adhiere gran cantidad de investigadores extranjeros y numerosas organizaciones de campesinos, ambientalistas, educadores y grupos de científicos.Andrés Carrasco es profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular.


Con reconocimiento internacional, y con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace un mes el efecto letal del glifosato en embriones anfibios, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Los aspectos centrales de la investigación sobre el herbicida usado en la industria de la soja fueron revelados por Página/12. Sobrevino una campaña de desprestigio, presiones y amenazas. Hasta se puso en duda la existencia del trabajo. Hace una semana, en este diario, Carrasco respondió a las dudas que consideró legítimas y también a las innumerables chicanas. Reconocía que su pecado había sido contradecir el discurso científico dominante.


“Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”, había retrucado en la entrevista.Entre las firmas figuran Federico Schuster, León Rozitchner, Alejandro Grimson, Maristella Svampa, Mirta Antonelli, Horacio Machado, Miguel Teubal, Norma Giarracca, Inés Izaguirre, Horacio Tarcus, Pablo Alabarces, Ana María Fernández, Claudia Briones, Alejandro Kaufman, Horacio Verbitsky, Atilio Boron, Juan Carlos Marín, Roberto Gargarella, Sara Rietti, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Luis Zamora, Pino Solanas, Susana Checa, Gabriel Kessler y Norberto Alayón, entre otros. También suscriben reconocidos intelectuales internacionales como Boaventura de Sousa Santos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Gustavo Lins Ribeiro, Héctor Alimonda, Alex Fernández Jilberto, Bernardo Mançano Fernández y Ana Esther Ceceña. Adhieren organizaciones como CELS, Serpaj, Grupo de Gestión de Políticas de Estado de Ciencia y Tecnología, el Frente Darío Santillán y Cemida.


“¿Qué condiciones hay para que las voces críticas de universitarios y científicos contra el modelo extra-activista sean escuchadas? –se preguntan los referentes en la carta–.

¿Qué posibilidades de construir agenda pública sobre estos temas acuciantes para el bien común? ¿Qué promoción de ciudadanía y exigibilidad de derechos caracteriza a este escenario, donde las voces independientes y críticas, con la autoridad de saberes y trayectorias no cooptados, son negadas, difamadas, silenciadas, cuando no malversadas?”La carta cuestiona de lleno los intereses privados que definen qué se debe investigar: “Afirmamos nuestra decisión por mantener un sistema científico universitario autónomo de los grandes intereses económicos corporativos; con libertad de pensamiento e investigación, enmarcados en los principios éticos de cada campo disciplinar y en la ineludible responsabilidad para con las sociedades y sus sectores sociales de mayor vulnerabilidad”.


Fuente: Página 12

Vallando el derecho a peticionar

Una desafortunada decisión tomó el Gobierno Provincial en Corrientes y pudo generar hechos de violencia entre manifestantes y policías: se vallaron los accesos a la calle 25 de Mayo y Salta, para evitar que los reclamantes lleguen con su reclamo a la Casa de Gobierno, así como la calle Pellegrini y Rioja para evitar el acceso al Ministerio de Educación.

La situación no pasó de empujones y refriegas pero es un mal precedente.La marcha de la Multisectorial de Gremios, autoconvocados y la Coordinadora de Defensa del Bolsillo fue encabezada en esta oportunidad por Barrios de Pie, movimiento que venía a realizar una seria denuncia acerca de los fondos del PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial), que sospechan que podrían no haber tenido el destino para el que fueron creados.Cada sector tenía su reclamo puntual y la decisión de expresarlo como siempre, de forma ordenada y a través de una lista de oradores acordada, en el marco del derecho a peticionar a las autoridades.



Limitar ese derecho consagrado por el artículo 14 º de la Constitución Nacional es un hecho inadmisible, cualquiera sea su "fundamentación". Quizás el vallado y la gran presencia policial tenía por objeto marcar una presencia "fuerte" del Gobierno, al menos esa pudo ser la intencionalidad subyacente en el imaginario de algún funcionario del Ejecutivo.


La sensación que dejó sin embargo, es la de un Gobierno que teme a su propio pueblo. Lamentable
POLICÍA PEGADOR

Agente del desorden. Este policía agredió frente al Ministerio de Educación a una mujer y a un estudiante que acudió en su auxilio.

cpdhcorrientes.com

No pagan lo que deben: Funcionarios de Colombi,diputados provinciales y ex-legisladores nacionales


La deuda que estuvo más de 10 años oculta. Una línea de crédito cedida a productores agropecuarios entre 1997 y 1998. Famosos entre los morosos.

El no pago de una línea de crédito otorgada hace una década atrás a centenas de agropecuarios, puede ser considerado como uno de los mayores ejemplos tráfico de influencia en perjuicio del erario público. Hoy abogados que representan a los morosos, buscan la prescripción de la deuda. Por su parte la Fiscalía de Estado, que corre con el 12% en honorarios por las ejecuciones, intenta evitar la caducidad de la llamativa acreencia.

Los empréstitos fueron librados entre 1997 y 1998 por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para productores y medianos emprendimientos, con garantía de la provincia. Actuales funcionarios del gobierno, diputados provinciales y ex legisladores nacionales, integran el lote de los que se mostraron años remisos a cancelarla. Meses atrás 1588 informó que a la operatoria la querían “licuar” a través de un fondo fiduciario impulsado por el hoy ministro de la producción Alfredo Aún, a quien se lo relaciona comercialmente, con dos de los “emblemáticos” deudores: Norberto Oscar Storti y Agroforestal S.A.

El cobro de aquel beneficio financiero le fue trasladado al Banco de Corrientes. La entidad crediticia estatal tenía la responsabilidad de recaudar el dinero de los préstamos otorgados. El tiempo pasó, se sucedieron los gobiernos, en su mayoría administraciones radicales, sumando la última intervención federal. Se cree que el Corrientes “durmió” la colecta por sugerencia del poder político de turno. Durante los últimos siete años, a pesar que se conocía del perjuicio económico para las arcas provinciales, y la “avivada” de quienes se “olvidaban” de cancelarlo, se prefirió ocultar la operatoria. Aparecerían como “cómplices” sucesivas autoridades bancarias e inclusive, ex Fiscales de Estado, como integrantes del gabinete ministerial y representantes legislativos. 1588 tuvo acceso a una lista con los nombres de los 300 agraciados (será publicada más adelante), que quien sabe por un descuido, se olvidaron de “pagar la cuenta”.


El Cobro

Meses atrás, integrado un nuevo departamento jurídico en la fiscalía de Estado, se le requirió la cartera de deudores al Banco de Corrientes, el que exponía cierta inanición en recoger la línea de crédito. Desde ese organismo se inició el trámite administrativo para recuperar el dinero cedido más sus correspondientes intereses, empezando con los procesos ejecutorios. Dicen que hubo orden de la máxima cabeza del Ejecutivo provincial a no perder más tiempo.

En la grilla de morosos saltarían los nombres del actual Ministro Secretario de Desarrollo Humano, Miguel Ángel Bazzi, del diputado liberal en ejercicio, Jorge Pili Quintana y la empresa Yacarú Porá, ligada al ex legislador nacional (UCR), Noel Breard, el grupo Tomasella de Goya, Hugo Mancini, COPROLAN Ltda., Jorge Saich, entre otros. Personas y firmas reconocidas en la vida sociopolítica y empresarial de Corrientes, que se “demoraron” en acordar algún plan de pago. Los préstamos oscilan entre los 2.000 a 500.000 pesos/dólares (época de la convertibilidad). El módulo crediticio rondaría los 40 millones. Tras la primera publicación de este medio, hubo algunos de los “históricos” que buscaron arreglar sus deudas.

No pocos aseguraban que se abría una brecha de un posible juicio político contra el gobernador Arturo Colombi, al no ejecutar lo adeudado, en quebranto del tesoro provincial. Enterado el mandatario correntino, motivó inmediatamente la ejecución. ¿Por qué se demoró tanto en cobrar? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de su ocultamiento? Se pasaron 10 años para que salga a la luz una deuda de esta magnitud. Increíble.

La intención

En algún momento se aseguró que una de las estrategias de los moross más reconocidos, era convencer a la mayoría de los beneficiarios, a no cancelar el préstamo. Tanto que se conoce que el último senador nacional del liberalismo, Lázaro Alberto Chiappe, representa a un grupo de productores goyanos que buscan la prescripción de la deuda para no pagarla. El otrora vicegobernador de la provincia y reconocido abogado, mantiene esa estrategia. Lo otro, emitir un Decreto salvador que determine el traslado de la cartera de deudores a un fondo fiduciario que terminaría licuando la acreencia de alrededor de 40 millones que mantiene Estado provincial.
diario1588.com

Imágenes del naufragio

La nave que capitanea Arturo Colombi no tiene ni siquiera el viento a favor, desde popa lo que arremete es el humo que despide una gestión incendiada, por babor y estribor hace agua a raudales y tiene a proa un horizonte poblado de conflictos sociales producidos por la indiferencia de una gestión ultraconservadora e hiper corrupta "Nuestro pueblo humilde es sumamente pacífico y paciente, pero sufre necesidades, entonces la paciencia tiene un límite", era lo que decía el padre Mujica; 35 años después de su asesinato el pueblo pierde la paciencia, aquí en Corrientes, donde todo parecía estar en calma y donde el voto pretenden contarlo (los que gobiernan) según la inversión publicitaria. Todos los gremios estuvieron en la marcha, muchos comerciantes y estudiantes se dieron cita. Como hace diez años, más o menos por ésta época, se volvió a quemar un muñeco con la cara del ejecutivo provincial.
Es claro que estamos asistiendo a la cuenta regresiva de los que detentan circunstancialmente la administración del Estado.
El problema es la desesperación que los desorienta al final del camino, suele ser allí cuando pierden la elegancia, algunos no saben despedirse de los privilegios a tiempo y dan una imagen penosa de sí mismos; por el bien de todos esperemos que entiendan que atender a los reclamos populares no es ceder, y que virtualmente, actuar razonablemente no es ser cobarde.

La policía peor paga del mundo se apresta a defender al gobernador que dejó en la calle a cientos de camaradas por haber reclamado nada mas que mejoras para el cuerpo policial. La eterna lucha del pobre contra el pobre mientras el politico corrupto mira desde lejos con la ñata contra el vidrio.


La gestión de Arturo Colombi gasta cifras millonarias en pautas publicitarias, entre los
"favorecidos" por una porción de esa fabulosa torta hay un portal de Paso de los Libres que recibe mensualmente una suma unos $ 15.000,00 (Quince mil)