12.11.12

Se realizaron allanamientos en la causa federal que investiga a Ricardo Colombi

Por orden del magistrado que está a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres, el jueves y viernes últimos, efectivos de Gendarmería Nacional allanaron los domicilios de las dos escribanas que avalaron las transferencias irregulares de las dos propiedades, hoy valuadas en más de $4 millones, que un empleado del Pami le donó en 2006 y 2007 al actual gobernador Ricardo Colombi (UCR).

Primero requisaron un departamento del Monoblock "D" que está en la avenida Maipú al 1700 en la capital correntina. Es el domicilio de Dionisia Báez, la escribana que el 31 de noviembre de 2006 (la fecha no es un error, es la que figura en la documentación pública) consintió la donación de la mansión que está en 9 de Julio y Perú, hoy cotizada en $3 millones, que Marcelo Lazlo le hizo al entonces diputado nacional Ricardo Colombi.

El segundo allanamiento se realizó el viernes último en un departamento del edificio que está en la calle Vélez Sarsfield 1410 de esta ciudad. Es el domicilio de Roxana Edith Cabral, la escribana que en marzo de 2007 avaló la otra transferencia de un inmueble que Lazlo le hizo a Colombi. Se trata de la casona que está en la calle Chaco casi Yrigoyen en esta capital, hoy valuada en más de $1 millón.

Altas fuentes judiciales ligadas a la causa comentaron que en ambos allanamientos secuestraron importantes documentos que comprobarían las irregularidades de las transferencias y consolidarían la acusación de "enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y evasión fiscal" contra el Gobernador.

De los domicilios de Dionisia Báez y Roxana Cabral, la Justicia Federal rescató "las escrituras públicas completas de las transferencias que Lazlo le hizo a Colombi, con los poderes y todo. Las acusaciones se fortalecen y con las pruebas conseguidas podríamos comenzar a evaluar la existencia de delitos más graves, y no simplemente evasión fiscal y enriquecimiento", detalló la fuente.

Las otras actuaciones en los últimos meses de la causa son dos allanamientos que se produjeron a mediados de junio pasado en dos propiedades de Marcelo Lazlo, en los que también secuestraron valiosas documentaciones con las que ampliarán las acusaciones.

Posteriormente, el magistrado a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres recibió los informes que le solicitó al Banco Nación que tasó, en valores históricos y actuales, las propiedades investigadas.

Mientras que la regional de la Afip emitió un dictamen sobre las declaraciones patrimoniales juradas de Marcelo Lazlo y de su esposa, Elena Adad, y de Ricardo Colombi. El informe determinó qué poder adquisitivo tenía el matrimonio Lazlo-Adad cuando en noviembre y diciembre de 2006 compraron los dos inmuebles (por $1,6 millones) que luego le donaron a Colombi a través cesiones de derechos.

El 23 de julio pasado, el Gobernador debió presentarse ante los estrados del Juzgado Federal de Paso de los Libres para afrontar su primera "declaración indagatoria" en la causa en la que está imputado por "enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y evasión fiscal".

Pero el mandatario radical consiguió que un juez provincial le otorgue un habeas corpus, con el que esquivó la cita. Paralelamente, la medida del magistrado provincial generó un conflicto de jurisdicciones entre la Justicia Federal y la provincial.

Nueva carta abierta al gobernador Ricardo Colombi

Sr. Gobernador:

Nuevamente me dirijo a Ud. para dejar aclaradas determinadas posiciones en referencia al supuesto proyecto de intervención al Poder Judicial de la Provincia. Obviamente, no me anima la idea de esperar de Ud. una respuesta educada y coherente, pero no puedo tampoco dejar en Ud. la última palabra, que, como normalmente ocurre, es una descalificación.

El PJ y también el FpV tomarán posición respecto al tema cuando lo crean oportuno y no necesitamos que nadie nos marque posiciones ni tiempos. Pero en función de sus agravios y retorcidas conjeturas, me permito recordarle que este tema ha sido analizado en nuestro último congreso partidario, como lo seguirán siendo los análisis de aquellas cosas que ocurren y tienen gravedad institucional. Y tambien me permito recordarle que pese a las millonarias pautas que Ud. paga a empresas periodísticas o dueños de medios, para que determinadas cosas no se publiquen ni difundan, de todas formas ocurren y de todas maneras son muy graves.

Para qué sirva de repaso:

- Ud. mismo concretó la maniobra de obtener una hábeas corpus de la Justicia Provincial para no concurrir a declarar ante la Justicia Federal en una causa en la que está involucrado, y en la que aparentemente un amigo suyo compró propiedades de alto valor y se las regaló a Ud. Esta grave irregularidad generó la protesta del Magistrado Federal, que interviene en la causa que lo involucra, ante Superior Tribunal de Justicia, por ser una intromisión de la Justicia Provincial en una jurisdicción que le es totalmente ajena.

- Un secreto a voces en las localidades que visita, donde quedan los intendentes sorprendidos y comentan a quien quiera escuchar el compromiso que Ud. en persona hace con ellos, "yo te arreglo la re - re - elección" y les asegura que podrán continuar en sus cargos cuatro años más. La seguridad que Ud. transmite para una medida tan inconstitucional y que le sirve como tramposa herramienta en la búsqueda de apoyos para su candidatura, solo se logra con la certeza de la conducta a tomar por las más altas autoridades judiciales.

- Funcionarios de alto rango de su primer gobierno, que continuaron en el gobierno de su primo, otorgaron un préstamo fiduciario millonario a la empresa Calimboy, sin garantías suficientes y con un dictamen jurídico que recomendaba no hacerlo. Posteriormente lo categorizaron de INCOBRABLE antes del vencimiento de la primera cuota de la devolución. Estos funcionarios que hoy, en forma directa o vía consultoras y asesoramientos externos, siguen estrechamente vinculados a Ud. y su gobierno, fueron sobreseídos de este escándalo.

- El Fiscal General de la Provincia nombra fiscales "a dedo" y ante el rechazo de un Tribunal de esta medida ilegal y autoritaria, los Magistrados miembros se convirtieron en sujetos de mecanismos sancionatorios con el aval del Superior Tribunal de Justicia.

- El mismo funcionario, el Fiscal General, puede proferir todo tipo de opiniones agraviantes y presiones sobre el Poder Legislativo de la Provincia, sin que esto merezca ni la más mínima apreciación suya ni de los órganos colegiados que conforman el Poder Judicial

- En el ánimo refrescar su memoria más aún; también son secretos a gritos las presiones en el sentido del voto de determinados legisladores ante leyes por Ud. impulsadas, bajo amenazas de ejecución de sentencias o activación de causas judiciales dormidas. Mientras que los procesos que debieran servir de ejemplo para garantizar la seguridad o los derechos de los sectores sociales más desprotegidos, nunca encuentran respuesta.

Estas son las cosas que Ud. y también otros sectores que opinaron en estos días olvidan, o más grave, ocultan, pero le reitero, que no se publique no significa que no ocurra. No necesitamos mediadores ni "sanos consejos". Cuando querramos expresarle algo a los Correntinos, lo haremos nosotros mismos.

                                                                                                               Fabián Ríos
                                                                                                              
                                                                                                                              Diputado de la Nación
                                                                                                                                            PJ