Uno de los periodistas más prestigiosos de las últimas décadas, Horacio Vertbisky destacó el trabajo del Fiscal General Cesar Sotelo en el Juri de Enjuiciamiento que acusó y acusa a jueces de Santo Tomé (una ya fue destituida) por mal desempeño en sus funciones. El domingo en su portada principal, el diario Pagina 12 reivindicó el trabajo que viene realizando el titular del ministerio público de Corrientes en los procesos de destitución de estarían vinculados al fenomenal negocio de conceder cautelares a miembros de la fuerza Nacional. El jury destituyó en su oportunidad a la otrora jueza Duarte y ahora va por Humberto Camilo De Biasse de Echeverria por la misma causa, intervenir en asuntos nacionales. Este último juez es un protegido del ex legislador pejotista José Rodolfo Martínez Llano, que intenta sostenerlo en el cargo a cualquier precio.
Ya se sospecha de pagos espurios para que se malogre el desplazamiento de De Biasse Echeverría. Página 12 habla de una red de corrupción que obtenía amparos de a miles en juzgados amigos. Así, las autoridades políticas perdieron el control de la política salarial. “Una jueza de Corrientes ya fue destituida por ello y avanzan las investigaciones en todo el país, sobre otros magistrados, abogados y altos jefes contables y jurídicos de las propias fuerzas. Con la algarada de Retiro, se instrumentó a las jerarquías inferiores en defensa de esta situación escandalosa”, escribió Vertbisky. Se calculó que esos amparos habían beneficiado a no menos de 7000 personas, en demandas colectivas que incluían entre 30 y 70 actores cada una, con domicilio en distintas partes del país. Duarte los concedía de inmediato, para lo cual declaraba inconstitucional un artículo de la ley provincial de amparo, lo notificaba a Prefectura y Gendarmería y luego se declaraba incompetente. Esto permitió que el 79 por ciento de los más de 30.000 agentes en actividad de la Gendarmería y el 60 por ciento de los 16.500 de la Prefectura, cobraran sus haberes según resoluciones judiciales, porcentaje que llega al ciento por ciento en las cúpulas. Lo mismo ocurre con la mitad de los retirados y pensionados de ambas fuerzas. Se calcula que el perjuicio de estas maniobras para el Estado en los dos tribunales oscilaría entre 80 y 200 millones de pesos. El trabajo de Sotelo, vapuleado por una liga de la clase política local, ahora tomó trascendencia nacional.Rebeldes con causas (Página12)
Juicio a la juez Duarte: una testigo habló “de un boom de amparos”
Destituyeron de su cargo a la jueza Graciela Duarte
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