Dice el discurso opositor –dirigentes o del 
periodismo, ya es imposible distinguirlos- que el kirchnerismo ejerce presión sobre los jueces desde el Consejo de la Magistratura. Pero si uno va a las estadísticas –que, curiosamente, nunca forman parte de las intervenciones en que se bastardea al gobierno en ese ítem-, resulta que parece haber una realidad bien distinta: "(...) en el período 2007-2009 se aprobaron 163 ternas por unanimidad y sólo tres con votos en disidencia, ninguno de los cuales del oficialismo. Además se resolvieron por unanimidad 1307 expedientes en materia de disciplina y juicio político y sólo 19 con disidencias. En siete de esos 19 casos, el oficialismo votó con los consejeros de la oposición y de los abogados y en contra de los tres consejeros magistrados, que se oponían a la sanción contra colegas; en cuatro la disidencia sólo versó sobre la magnitud de la sanción a imponer y en tres los votos del oficialismo se dividieron entre mayoría y minoría. En un solo caso los consejeros del oficialismo votaron solos contra todos los demás, y quedaron en minoría. No hay un solo caso en el que los consejeros del oficialismo, votando en bloque, hayan impuesto una decisión" (ver acá).
periodismo, ya es imposible distinguirlos- que el kirchnerismo ejerce presión sobre los jueces desde el Consejo de la Magistratura. Pero si uno va a las estadísticas –que, curiosamente, nunca forman parte de las intervenciones en que se bastardea al gobierno en ese ítem-, resulta que parece haber una realidad bien distinta: "(...) en el período 2007-2009 se aprobaron 163 ternas por unanimidad y sólo tres con votos en disidencia, ninguno de los cuales del oficialismo. Además se resolvieron por unanimidad 1307 expedientes en materia de disciplina y juicio político y sólo 19 con disidencias. En siete de esos 19 casos, el oficialismo votó con los consejeros de la oposición y de los abogados y en contra de los tres consejeros magistrados, que se oponían a la sanción contra colegas; en cuatro la disidencia sólo versó sobre la magnitud de la sanción a imponer y en tres los votos del oficialismo se dividieron entre mayoría y minoría. En un solo caso los consejeros del oficialismo votaron solos contra todos los demás, y quedaron en minoría. No hay un solo caso en el que los consejeros del oficialismo, votando en bloque, hayan impuesto una decisión" (ver acá).Dicen que el oficialismo agita la división de la sociedad argentina. Pero resulta ser que fue desde los cerebros de “la” “organización” opositora, la iglesia católica argentina, que se promovió el mantener apartados a una categoría de ciudadanos, los homosexuales, del amparo del estado. Y por medio de una serie de discursos nutridos de un lenguaje que de conciliador tuvo poco y nada, más bien remitió, por lo incendiario, a los tiempos de las cruzadas (ver).
Los jerarcas de la iglesia católica argentina milita contra todo lo que representa este gobierno como solo lo había hecho contra Perón a partir de su segundo gobierno, tanto que fue la columna vertebral, en 1955, de la más masiva marcha contra la democracia que hasta entonces se hubiese visto. ¿No hay ningún punto de conexión entre aquella movilización de Corpus Christi y la convocada frente al Congreso nacional el día anterior a la sanción en el Senado de la ley de matrimonio igualitario? Este bloguero pudo oír a un manifestante en la marcha anti homosexualidad –y solo por elegir uno de entre muchos discursos que dieron miedo- decir que “estos políticos está claro que quieren la destrucción total de la Argentina, del ideal Dios, Patria y familia que desde chicos todos arraigábamos muy bien”. Patético.
Dicen que el gobierno se vale del apriete de la llamada “kaja” (aberración lingüística creada a los fines de denostar la política de parar al país sobre sus propios recursos por la que optó el kirchnerismo desde 2003), del “ahogo financiero a las provincias”, para torcer la voluntad de legisladores. Pero, por ejemplo, Horacio Lores y los fueguinos ex ARI votaron contra la 125. ¿Qué pasó aquella vez? ¿No había entonces capacidad de presión? ¿Tanto empeoraron, en tan corto tiempo, las situaciones de Neuquén y Tierra del Fuego, que ahora el gobierno les puede robar alfiles legislativos? En paralelo a esto, se acepta como normal que soldados de la iglesia católica hayan tenido el tupé de llegarse hasta el parlamento para intentar sumar voluntades en favor de su postura en torno al debate por el matrimonio igualitario. O peor, que integrantes de colegios religiosos hayan amenazado, como lo hicieron, con retirarles la beca y echar de sus establecimientos a aquellos pibes cuyos padres se negasen a aportar firmas en contra de la igualdad de derechos.
Dijeron, a principios de 2010, que utilizar reservas del BCRA para pagar deuda externa casi significaría el vaciamiento de la casa monetaria. Pero si uno bien mira, a la fecha de adopción de la medida que instrumentó dicho pago, las reservas monetarias ascendían a algo más de 46.000 millones de dólares. Y desde ahí hasta este julio que empieza a terminar, se pagaron 2.700 millones de dólares. Y aún con eso, el día 15 de julio de 2010 se llegó al récord histórico de dólares acumulados en el BCRA: 50.604 millones de dólares. Falló un poco ese pronóstico. Decían, también, durante aquella que fuera bautizada “la crisis de las reservas” (deberían haberla bautizado "intento de golpe de mercado"), que el problema no era con el fondo sino con la forma en la cual se tomó la decisión, por ser por medio de un DNU, y no como según ellos debía ser, a través de una ley formal del Congreso nacional. Pero al tiempo, el 4 de mayo de 2010, el Senado se abocó a tratar una ley (que no promovió el oficialismo, sino uno de los integrantes menos radicalizados del Grupo A, Carlos Verna) a efectos de liberar las reservas y subsanar los supuestos defectos formales, que no fue acompañada por los 72 senadores en ejercicio (sino por 41, varios de ellos trasversales, contra 29, o sea paliza), como debería haber sido si tan cierto fuera que todo el embrollo se debía a cuestiones reglamentarias y no de sustancia. Se le llama coherencia.
Decían que la conformación resultante del Congreso tras los comicios de 2009 daría mayor actividad al mismo –se sancionarían más leyes, parece que hasta 2009 se sancionaban pocas-, y traería la calidad institucional –porque parece que faltaba-. Lo primero no pasó, solamente hubo un festival de medias sanciones. Lo segundo, tampoco: así fue con la inconstitucional media sanción de la “ley del cheque” (eso a juicio de los insospechados de kirchneristas Arístides Horacio Corti –especialista en Derecho Tributario, recomendamos enfáticamente leer ese hipervínculo- y Eduardo Barcesat –especialista en Derecho Constitucional, quien alguna vez denunciara la estrategia de las candidaturas testimoniales-), y el mamarracho jurídico que hubiera representado que se sancionase el ridículo proyecto de reforma de ley reglamentaria de los DNU, promovido por Margarita Stolbizer, que intentaba recortar por ley la facultad de veto que la propia Constitución Nacional asigna al Presidente de la República, que por suerte no pasó tal cual se pretendía de entrada. Ambas medias tintas duermen, hoy, el sueño de los injustos.
La pregunta es: ¿Se piensa, cuando se habla, desde que punto se parte; si correcto o incorrecto, si argumentado o meramente efectista? ¿O solo se tira por tirar, para generar mierda y enlodar el clima?
Porque ahora se ha puesto en el tapete, en esta tendencia insoportable de ir tirando temas uno tras otro únicamente a los efectos de generar cortinas de humo, la necesidad de llevar las jubilaciones al famoso 82% móvil. Y la verdad que es un tema, el del sistema previsional, que ciertamente pide una reorganización aún tras la acertadísima medida de estatizar la administración del mismo, demasiado delicado como para andar jugando. Incumbe a la vejez del hoy, a la cual se engaña con una promesa que así como está presentada es inviable, y a la del mañana, cuyo futuro sustento puede verse seriamente comprometido si la cosa no se hace con la seriedad que merece.
Primero, otro tipo que de kirchnerista tiene poco, Ruben Lo Vuolo, ha cuestionado que esa cifra, que parecería ser el número mágico (aunque, como de costumbre, nadie es capaz de profundizar por que de ello), sea la que efectivamente sea capaz de solucionar todos los problemas: "(...) Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo estimaron que el valor de la jubilación mínima debería ser calculado en base al piso mínimo de la pobreza para las personas en edad pasiva, lo que requiere de un adecuado cálculo, descartando el que se define en términos generales. Las asignaciones monetarias indirectas (por caso, beneficios sociales del PAMI) y una canasta de bienes más complejas (mayor gasto en medicamentos) exigen una estimación particular. Goldberg y Lo Vuolo señalan, además, que el beneficio es individual, por lo que una pareja en edad de jubilarse gozaría de dos haberes, constituyendo un hogar con un panorama un poco más desahogado (...)" (acá).
Segundo, porque de financiación se ha hablado nada. Es una obligación legal hacerlo, porque la ley de administración financiera, en su artículo 38, establece que “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”, y de aprobarse, el proyecto opositor representaría un gasto no previsto en el presupuesto 2010. Y es, además, necesario, siendo que los estudios previsionales en general marcan que se necesitan 2,5 aportantes por cada jubilado, una proporción que en la Argentina se ubica en tan sólo 1,52. Esto tras que Néstor Kirchner decidiera, en su mandato, la inclusión de 2.300.000 jubilados (40% de la clase pasiva actual) que de otro modo hubiesen quedado olvidados de la vida previsional, no por culpa suya, por cierto, sino de todos aquellos quienes durante décadas se dedicaron a desquiciar el sistema previsional argentino –privatización, recorte de aportes patronales y descuento del 13% a los haberes mediante-, para querer ahora convertirse en los adalides de los pobres viejos. La propuesta de Lozano, de volver los aportes patronales a los niveles previos a 1993 cuando el recorte de Cavallo a los mismos, va por buen camino. La del resto del Grupo A, en el que también milita Lozano, no. Y no es el de Lozano el sector mayoritario en Resto del Congreso, sino el de la derecha, de quienes cabe dudar que tengan ganas de subirse a la onda de subir los aportes patronales a quienes no son sino sus propios patrones –más aún, a algunos de ellos les quieren bajar las contribuciones que hoy pagan, en alto contrasentido-. Más bien hay que pensar en que se busca forzar un veto impopular, el estallido mismo del sistema previsional o la aniquilación de la fenomenal herramienta que tiene a mano el estado para dinamizar la economía, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de donde no se pagan los haberes, para el día de mañana, si es que llegan al gobierno, chillar por la mala herencia recibida.
Por último, cabe recordar que los firmantes de la propuesta de llevar las jubilaciones al 82% sin mención a como se financiará, aparte de todo lo ya mencionado, vienen con el pésimo antecedente de la discusión, acaecida en 2008, por la ley de movilidad jubilatoria. En aquella oportunidad, oficialismo y oposición presentaron distintas fórmulas de movilidad. Si bien ambas resultaron, a la sazón, insuficientes, la que promovían los opositores hubiese otorgado apenas algo más de la mitad de lo que ha otorgado hasta el día de hoy la que logró hacer sancionar el kirchnerismo (ver). Y eso a pesar de que, por supuesto, se denostaba, desde la oposición, la fórmula que impulsaban los bloques legislativos oficialistas (ver).
Por eso, es una obligación, desde luego, dar la discusión por atender las necesidades de los jubilados, que la verdad que no son pocas. Pero tiene que ser de un modo más serio que simplemente lanzar al voleo una cifra que hasta se asume que será igualmente insuficiente –o sea, se propende realizar un gasto enorme para terminar por no dejar completamente satisfecho a nadie-. Y, sobre todo, cabe esta vez valerse del ad hominem, porque luce totalmente justa la descalificación de los promotores del proyecto en razón de sus antecedentes.
Bien dicen, después de todo, que un mal diagnóstico deviene en un pésimo tratamiento
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