La versión corrió como un bólido de fórmula Uno, y muy pocos pudieron acreditar su veracidad. Una fuente informó que el Ejecutivo Municipal habría vetado la supresión de la ordenanza 3882 y la resolución/03, aquellos nefastos instrumentos legales que hicieron desistir a la comuna capitalina del reclamo civil por la irregular toma de un crédito de 60 millones de dólares que endeudó por años a las arcas municipales.
El llamado “robo del milenio” fue concretado por la última intervención Federal administrada Ramón Bautista Mestre, siendo el actual diputado nacional (UCR) Oscar Raúl Aguad su delegado en el municipio correntino.
El pasado jueves 12 de abril el Concejo derogó por unanimidad la funesta legislación aprobada en el 2003. Ahora una información sostiene que pudo ser vetada por el intendente capitalino Camau Espínola, algo que debió ocurrir hasta el 25 abril, nueve días hábiles después de la sanción de la llamada “ordenanza Gálvez”, apellido del concejal autor del proyecto.
1588 lo consultó sobre si tenía conocimiento de esta insólita medida, pero el presidente del partido de la Victoria de viaje en Buenos Aires desconocía la especie, y que desde la aprobación de su iniciativa no apareció hasta la fecha en el Orden del Día, ninguna comunicación del Ejecutivo municipal de veto alguno. Asimismo existe la posibilidad que la presidente del cuerpo, la peronista Miriam Coronel, haya “guardado” el expediente por el momento, aunque hoy siendo 30 de mayo, se cumplen más de mes y medio desde su sanción.
También se recuerda que tras la derogación de la 3882, el intendente Espínola como el asesor jurídico de la comuna Mario Cocomarola, salieron ante la prensa, a ponderar la decisión del cuerpo deliberativo.
No obstante los chismosos de siempre advierten que la estrategia del ex diputado pejotista José Rodolfo Martínez Llano de defensa del “ladrón del milenio” (Oscar Raúl Aguad) haya posado sus tentáculos en la municipalidad de Corrientes.
A partir de la derogación de la ordenanza 3882 y la resolución 557/03, la municipalidad puede plantear recursos en el fuero civil y ante el Superior Tribunal de Justicia, por la lesión económica que provocaron aquellas normativas al patrimonio de los vecinos de la ciudad, porque el crédito se siguió pagando igual hasta el día de hoy más allá que su toma fue ilegal.
La comuna tiene posibilidades judiciales de reclamar una reparación histórica por el tremendo saqueo que sufrió su patrimonio. Inclusive pedir de inmediato en la continuidad de la acción, el embargo preventivo de los bienes de quienes están involucrados (Aguad y los suyos) en lo que se conoce, como el mayor desfalco de dineros públicos en la historia de Corrientes.
Un poco de historia
El préstamo de 60 millones de dólares, tenía como objetivo la cancelación de pasivos con el IPS y el IOSCOR, pero su millonario volumen, no era avalado por la Carta Orgánica Municipal, ni por la constitución de la provincia. El impresionante monto superaba los porcentajes autorizados por las cartas magnas. Como si fuera poco, el empréstito fue canjeado por los tristemente célebres CECACOR, para tras el trueque, recién abonar con los bonos las deudas con los organismos provinciales, consumándose así, uno de los mayores desfalcos contra los dineros públicos en la historia de Corrientes.
En junio de 2003 una fuerte presión política financiera del gobierno radical de aquella época, provocó que el municipio y su cuerpo deliberativo, retiren la acción contra la ilegal toma del crédito, cuando tenía muchas posibilidades de ganarla en los tribunales. Asimismo aquella posición era inentendible jurídicamente, porque al mismo tiempo operaba una causa penal que atacaba a los responsables de la estafa, que por conexión, mantenían vivo el reclamo civil hasta que no se cierren las imputaciones planteadas por administración fraudulenta. La entonces intendente Nora Nazar se excuso de firmar el desestimiento. En su lugar lo hizo el viceintendente Carlos Alonso.
Fuente Diario1588
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