25.9.11

Promueven declarar el agua como un derecho humano

Proyecto de Ley que destaca las consecuencias del consumo que demandan las explotaciones arroceras en Corrientes, promueve que el Congreso de la Nación declare al agua como un derecho humano y genere legislación para que se prohiba toda actividad industrial, comercial, o turística que altere su ecosistema.

El pliego fue introducido en la Cámara de Diputados del Congreso por la legisladora que preside la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, acompañado por un balance basado en información aportada por especialistas entre la presencia de recurso hídrico en territorio nacional, su distribución, su uso, y las competencias que marca al Estado en todos sus niveles la legislación internacional.
El proyecto pretende incorporar expresamente las recomendaciones de la OG 15 sobre el derecho humano al agua ratificadas por la resolución 64/292 de la Organización de las Naciones Unidas, y establecer una serie de principios rectores para las políticas que los gobiernos deben arbitrar en función de concretar el objetivo de hacer cumplir los derechos humanos.
 
 
Los estados nacional, provincial, municipal y particulares "con obligación", deben "reducir y eliminar la contaminación de los recursos hídricos y de los ecosistemas relacionados con el agua"; "evitar la disminución de los recursos hídricos por extracción insostenible, desvío, contención o cualquier otro medio tanto de aguas corrientes superficiales como subterráneas"; y "velar por que las obras o actividades productivas no obstaculicen el acceso al agua de la población", puntualiza.
 
 
Para ejemplificar sobre las concecuencias de la ausencia de legislación con "previsiones claras" en cuanto a la prioridad de uso y aprovechamiento del agua, así como normas que otorguen al acceso de agua potable el status de derecho humano fundamental, la diputada apela ejemplos como el caso de las arroceras que sustraen recurso del sistema de lagunas y ríos correntinos.
 
 
"100.000 millones de m3 son bombeados en cada temporada arrocera (3 meses), lo que equivale al consumo humano de agua en toda la ciudad de Corrientes durante 2 años" por arroceras que "suman 5.000 has (menos del 9% del total de la producción provincial)", mediante "canales y colocado bombas para extraer agua y trasladarla a sus campos, en la mayoría de los casos por fuera de la ley", señala.
 
La iniciativa reclama que "la concesión de un derecho de utilización de agua dulce estará condicionado a las disponibilidades del recurso, a las posibilidades reales de su recarga, a la utilidad pública del objeto al que se destina y al bienestar general de la población".
"El derecho a usar el agua debe ejercerse sin desmedro del interés público", y que su uso debe hacerse en forma "responsable, racional y eficiente", afirma.
Fuente: Momarandú.com

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