14.9.10

Justicia

Hace muy poco, en el 2001, Argentina era un país desahuciado. Si en Europa hoy hablamos de crisis, lo que vivió ese país fue una joda total. Millones de familias perdieron los ahorros. Los viejos que entregaron sus pensiones a fondos privados, animados por los loros del neoliberalismo mágico, se encontraron de repente en la indigencia. La pasta de los más ricos, avisados, emigró como las golondrinas. Los barrios del Gran Buenos Aires se autoorganizaron para dar de comer en ollas populares.

Hoy Argentina levanta algo más que la cabeza, pese al mangoneo de una oligarquía prepotente, bendecida por una curia pendiente de exorcismo. Trazos cavernícolas que se prestan, sí, a un paralelismo con la España del Último Día. Sería recomendable que unos y otros viesen Tatuaje, donde se lleva a la escena la vida de Miguel de Molina, el cantor torturado por esbirros de Franco y que encontró refugio en América, con la ayuda de Evita.

Por cierto, pocos países en el mundo tienen el pulso cultural que hoy tiene Argentina, donde también se está escribiendo el mejor periodismo literario. Agarren, si pueden, Frutos extraños, de Leila Guerriero, y Si me querés, quereme transa, el último de Cristian Alarcón.

En el renacer después de la ruina, algo habrá tenido que ver la presidenta Cristina Fernández, denostada por la derecha como una bruja.

Pocos países en el mundo de hoy han avanzado tanto en el campo de los derechos humanos. No he llegado a esta conclusión por birlibirloque. Lo pienso al salir de un juzgado en Comodoro Py, donde he podido asistir, como un ciudadano cualquiera, al juicio a la plana mayor de la ESMA, el centro de la Armada que la dictadura convirtió en un matadero.

Y me ratifico al leer la resolución de la Cámara Federal, que se dispone a investigar el genocidio franquista si no lo hace la Justicia española.

Gracias, Argentina.


Publicado por El País

12.9.10

Caso Ayuí, otra investigación de Tiempo Argentino

Ahora defiende a Aranda, pero en 2005 La Nación criticaba la represa

Desde sus editoriales denunciaba el riesgo ambiental del proyecto del vice de Clarín y Soros, en Corrientes. En la actualidad, dice que los que oponen a la privatización del río son parte de una “ofensiva contra la prensa”. Habla el ex gobernador Colombi
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El ex gobernador de Corrientes Arturo Colombi es un enemigo acérrimo de su primo y actual gobernador, Ricardo Colombi. Pero hay algo que los une: defienden con uñas y dientes la represa que el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y George Soros quieren construir sobre el Arroyo Ayuí, para regar 18 mil hectáreas de arrozales.


En diálogo con Tiempo Argentino, el ex mandatario provincial justificó el proyecto al afirmar que se trata de “una actividad productiva que quiere seguir creciendo de forma sustentable”, y que las críticas realizadas por juristas y especialistas medioambientales “están en función de una estrategia del gobierno, ya que uno de los socios de este emprendimiento productivo es directivo del Grupo Clarín”. Y hasta le respondió al canciller Héctor Timerman: “no se puede decir que represar un arroyo va a perjudicar al Río Uruguay. Eso es una estupidez, un chiste. No entiendo de qué manera puede afectar.”

–El Código Civil establece que dos privados no pueden apropiarse de un curso de agua que es de dominio público.
–Ellos no se apropiaron. Lo que hizo el Estado fue autorizar el manejo del curso de agua para dos empresarios que quieren producir. Nosotros tenemos que buscar el impulso de la producción de manera sustentable en el tiempo y que nuestros hijos puedan seguir produciendo.
–Pero son dos privados beneficiándose con algo que es de todos.
–Lo que sucede es que todas las represas son privadas. En Corrientes no hay ninguna construida por el Estado, tenemos más de 70 represas de este tipo.
–¿Por qué autorizó el ordenamiento territorial de bosques mediante un decreto? ¿Cuál era la urgencia?
–Interpretamos que la mejor forma era esa, y después se hizo ley. La urgencia era una definición muy clara de los correntinos. Nosotros estuvimos tres años con ese proyecto, y se estudió durante toda mi gestión su fortalecimiento. Firmar un decreto de ese estilo es decirles a los correntinos que estamos de acuerdo con este proyecto.
–Pero la ley toma como base un decreto que se declaró inconstitucional.
–Lo que hace la Legislatura es definirse políticamente en un sentido. Lo que la justicia planteó en su momento fue una formalidad. Declaró que había no sé qué problema legal. Yo soy ingeniero civil, no soy un experto, pero lo importante es que la legislatura lo ratificó por ley.


Además de los primos Colombi, el Grupo Clarín encontró un aliado incondicional en la batalla mediática por el tema Ayuí: el diario La Nación. En dos notas, publicadas los días 20 de agosto y 3 de septiembre de 2010, sostienen que se trata de “un nuevo capítulo en la ofensiva de la Casa Rosada contra la prensa”. Sin embargo, cinco años atrás, el 30 de junio de 2005, argumentaban lo contrario. Desde un editorial, es decir, como reflejo de la postura de la empresa periodística, advertían que, de concretarse, el proyecto ocasionaría “la destrucción masiva de añosos bosques en galería y pajonales de inundación a lo largo de 60 kilómetros de costas del Ayuí”.


Tiempo Argentino intentó comunicarse con el matutino en tres oportunidades para saber por qué pasaron de denunciar el proyecto a considerarlo una embestida del gobierno contra la prensa y no obtuvo respuestas (ver recuadro).


A las críticas jurídicas, ambientales y diplomáticas que recaen sobre el emprendimiento arrocero, se suma una más. Los expertos hablan de una amenaza sanitaria inminente. Advierten sobre la irrupción de la esquistosomiasis, más conocida como la “enfermedad de las represas”.
El ingeniero Roberto Ríos, presidente de la Asociación Energía sin Represas, considera que “lo que quieren hacer en el Ayuí es un crimen. Inundarán 8000 hectáreas con el único objetivo de plantar arroz, y no se fijan en el enorme daño ambiental y sanitario que pueden causar.”
El especialista hace hincapié en el grave precedente que puede marcar la concreción del emprendimiento: “si se aprueba esta obra, cada vez habrá más proyectos como el del Ayuí. Y las consecuencias serán nefastas. El ambiente que se crea por la construcción de la represa es muy peligroso. En Brasil, que tiene la población más grande de infectados por la cantidad de represas que construyó, la esquistosomiasis ya está presente. Sólo es cuestión de tiempo para que la enfermedad se instale definitivamente en el país.”


En el Litoral argentino hay una realidad incontrastable. Según advierten los especialistas consultados, ya están dadas las condiciones objetivas para que prolifere el vector esta enfermedad, que se transmite por un caracol de agua dulce lenta. La esquistosomiasis proviene del norte de África, y en Brasil los afectados se cuentan de a millones. Las larvas del gusano penetran en la piel, por el sólo hecho de entrar una persona en contacto con el agua. Después, pasan al torrente sanguíneo, llegando hasta los pulmones e hígado. Finalmente se localizan en las venas del intestino, donde depositan sus huevos. Y hasta pueden causar cáncer de vejiga.
Al ex gobernador Arturo Colombi el tema no parece preocuparle demasiado. Ante la consulta de este diario sobre los riesgos de que “la enfermedad de las represas” llegue a Corrientes, contestó:
“Eso lo tenemos en Yacyretá, al norte, pero ese es otro tema. ¿Pero usted qué me quiere decir? Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados por las dudas. Fíjese que Río Grande do Sul tiene la misma superficie que Corrientes, y plantan 1 millón de hectáreas de arroz. Y nosotros apenas tenemos 100 mil, y estamos en las mismas condiciones de producción. Y ahora estamos discutiendo por 20 mil. Habría que producir 1 millón de hectáreas: tenemos tierra suficiente para eso.”


Si bien ahora resurge la preocupación, el problema es de larga data. Fue el propio gobierno correntino el que durante 2006 encargó un informe para evaluar la situación en la provincia. Se lo pidió, mediante el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), al Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Las conclusiones a que arribaron los especialistas fueron alarmantes. Los estudios determinaron que “se ha demostrado la existencia del caracol de agua dulce, transmisor de esta enfermedad, pero no fue detectada infección natural en ninguno de los moluscos colectados”.
No obstante, el informe advierte que “nunca antes se había observado la existencia de colonias tan abundantes de esta especie de caracol, tanto en la Argentina como en las zonas visitadas de Brasil”.


Tiempo intentó comunicarse en tres oportunidades con el director del ICAA, Mario Rujana, pero fue en vano. Las dos últimas veces, atendió el teléfono y, cuando nos identificamos, dijo: “está equivocado, señor”, y cortó.


Lo que determinaron los estudios fue que el molusco que provoca la enfermedad habita en el Río Miriñay y sus afluentes Yuquerí, Ayuí Chico y Ayuí Grande, precisamente donde quieren construir la megarrepresa que inundará 8 mil hectáreas para regar otras 18 mil de arrozales.
Cuando Tiempo Argentino le preguntó al ex gobernador Arturo Colombi acerca de la ilegalidad que supone construir la represa, este prefirió evadir la respuesta.

–¿Qué piensa cuando hasta el constitucionalista Daniel Sabsay, a quien no se puede acusar de defender al gobierno, dice que el proyecto es “jurídica y ambientalmente inaceptable”?
–Son frases. Si hay dos propietarios a los que les pasa un arroyo por su campo y piden autorización para represar, están en todo su derecho de hacerlo. Todas las obras de estas características tienen esta estructura legal. El agua pasa por un campo privado, y ese privado utiliza el agua con autorización del Estado.
–Pero el agua es de todos, no de dos personas.
–Pero el Estado es el que autoriza su uso para la producción. Si usted me dice eso, acá nadie va poder utilizar una gota de agua para regar. Dígame cómo se puede plantar arroz sin usar agua, es imposible. Que me lo expliquen.


No obstante la postura de Colombi, los especialistas en materia sanitaria y ambiental consideran que no es casual que la multiplicación de represas y canales de riego en la zona del Río Miriñay y sus afluentes hayan incrementado notablemente la formación de colonias y la dispersión del caracol en toda la cuenca.


Si bien el tema vuelve a cobrar notoriedad ahora, la preocupación ya había llegado al Congreso de la Nación. El diputado nacional Diego Sartori solicitó en 2006 que se establezca un programa preventivo a esala nacional para la esquistosomiasis, ya que la “enfermedad de las represas golpea las puertas de nuestro país”.


Y en agosto del año pasado, la diputada nacional por Misiones, Julia Perié volvió a insistir con el mismo proyecto de ley, que aún duerme en los cajones de las distintas comisiones legislativas. En dicho texto Perié explica que “al no existir una vacuna antiesquistosomiasis, la única acción de control y siempre bajo la supervisión de OMS (Organización Mundial de la Salud) está dirigida sólo a las grandes manifestaciones de infestaciones muy intensas.”
La diputada insiste en que “el peligro para nuestro país se presenta por el ingreso de los cauces de agua limítrofes con Brasil. Existen ciento un represas en Argentina, y alrededor de seiscientas en Brasil. Este número demuestra la importancia de prevenir las infecciones provenientes del parásito antes mencionado.”


Además, los especialistas advierten que la enfermedad es muy difícil de controlar. Para hacerlo hay un medicamento muy antiguo, que no resulta rentable para los laboratorios. Al respecto, el ecologista Ríos agrega que “el problema es que esta vieja droga genera inmunidad. Uno se puede curar la primera vez, pero si el parásito se vuelve a desarrollar ya la droga no causará efecto.”
El integrante del grupo ambientalista Energía sin Represas, que denunció en febrero de este año las graves fisuras en la estructura de hormigón que estaba experimentando la represa hidroeléctrica Yacyretá, concluye: “Soy un afectado directo por Yacyretá, pero mi lucha es por convicción. Esta represa nos condenó a la miseria y también nos puede enfermar. Todos debemos oponernos a este tipo de construcciones, que son muy peligrosas para la salud y provocan un daño social irreparable”.


El médico infectólogo Jorge Aníbal Rojas, un estudioso del tema, es otra voz autorizada que se suma a los que alertan sobre el riesgo de la esquistosomiasis. “El verdadero problema radica en la situación de emergencia sanitaria a la cual nos van a exponer. A todas las enfermedades infecciosas que tenemos en la zona, como el dengue, el hantavirus, ahora se les suma esta enfermedad. No estamos en condiciones de agregar otro factor de riesgo sanitario que puede llegar a colapsar a nuestro sistema de salud que ya se encuentra muy precarizado.”
El doctor Rojas asegura que es posible combatir la enfermedad si se la detecta a tiempo, pero para que eso ocurra el Estado debe hacerse cargo del problema. Y todavía no parece dar señales en ese sentido. “El combate de esta enfermedad es una tarea ardua y desgastante, dada la ineficacia de todas las medidas de control. Una vez que se radica en la zona cuesta muchísimo controlarla, menos aun erradicarla”, sostiene Rojas.

–¿Cuáles son los síntomas?
–La fase aguda de la enfermedad se caracteriza por escalofríos, fiebre, debilidad general y diarrea. Ocasionalmente, suelen manifestarse urticarias, hepato- y esplenomegalia, y sintomatología pulmonar.
–¿Alcanza con el medicamento que existe?
–Aun si nos referimos a la forma crónica tardía, existen medicamentos que pueden eliminar el parásito, pero nada pueden hacer sobre los efectos irreversibles que ya provocaron en el organismo.
-¿Puede que el paciente no sepa que tiene la enfermedad?
–Esto es lo más común. Cualquiera de las manifestaciones de esta parasitosis puede confundirse con otras enfermedades. La forma clínica crónica habitual es la intestinal, que se caracteriza por dolor abdominal, diarrea sanguinolenta y anorexia. Y existen casos en que la forma crónica ha evolucionado tanto por muchos años, que el paciente se encuentra completamente desmejorado, en estado de desnutrición severa. En Brasil ya son 20 millones de infectados, y se convirtió en la segunda gran endemia parasitaria del mundo. En la Argentina no hay cifras oficiales. Pero el parásito ya está en el agua de nuestros ríos. Y la aparición de nuevas represas, como la que quieren construir Aranda y Soros sobre el Arroyo Ayuí, es una invitación a que se quede para siempre.

Publicado por Tiempo Argentino

9.9.10

Distribución de ganancias entre los trabajadores

La distribución de ganancias entre los trabajadores volvió a enfrentar al gobierno con la Unión Industrial Argentina

Clarín y La Nación dicen que el proyecto del diputado y sindicalista Héctor Recalde forma parte de una avanzada del kirchnerismo, una especie de venganza contra los empresarios que estuvieron ausentes en el anuncio sobre Papel Prensa.
La presentación de un proyecto de ley del diputado Héctor Recalde, que pretende establecer la distribución, entre los trabajadores, de las ganancias de algunos grandes empresarios, despertó la ira de la Unión Industrial Argentina (UIA) y los principales medios aprovecharon para pegarle al gobierno.
“Se profundiza la tensión entre los empresarios y la CGT”, publica La Nación en su tapa. “Los bloqueos de Moyano tensan la relación entra la UIA y la CGT”, advierte Clarín. Página/12, de manera jocosa, destaca en tapa las declaraciones del presidente de la UIA, Héctor Méndez, quien manifestó que “Argentina se parece a Cuba”.



El matutino de Noble-Magnetto, explica: “La relación entre la CGT y los empresarios nunca fue fácil. Pero ayer se puso más tirante de lo habitual. Todo comenzó con un duro cruce entre la UIA y los gremialistas por un proyecto de ley que busca que los trabajadores participen de las ganancias de las empresas. Y luego se sumaron los bloqueos sindicales a las fábricas: el gremio de los Camioneros se declaró en estado de ‘alerta y movilización’ y advirtió que podría volver a bloquear la planta de Siderar, del grupo Techint.”

El diario de los Mitre sostiene: “El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y el diputado Kirchnerista Héctor Recalde, abogado de la central obrera, confirmaron ayer que la semana próxima será presentado el proyecto. El presidente de la UIA, Héctor Méndez, dijo que esa iniciativa haría que la Argentina se parezca a Cuba y pidió al Gobierno que ponga límites a la ‘avanzada del apriete’ sindical”. Por su parte, Página/12 publica que, según el autor del proyecto, Héctor Recalde, “hay un error conceptual en comparar a Argentina con Cuba” porque “en Cuba no hay ganancias, por lo tanto no hay nada que se pueda participar”. Y más duro fue el secretario de Derechos Humanos de la central obrera, Julio Piumato, quien replicó: “Si dice que parece Cuba, yo diría que parece bebido, parece que hubiera bebido de más, porque demuestra una ignorancia que es preocupante en alguien que dirige la central empresarial.”


Y dijo además Página: “En las últimas semanas, directivos de la UIA protagonizaron una serie de entredichos con el Gobierno. Primero fue la reunión con la cúpula de AEA, que tiene como uno de sus principales figuras al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, de donde surgió un comunicado que alertó sobre una supuesta falta de seguridad jurídica para la inversión privada. Días más tarde insistió con ese concepto el vice de la central fabril y presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi. Y ahora Méndez se quejó del ‘apriete’ sindical.”


Eduardo van der Kooy, fiel vocero de los patrones de Clarín, analizó en su columna En Foco la situación planteada en torno a esta discusión. Y como viene haciendo su medio, pone todas las acciones en el mundo de las conveniencias, diciendo que la fuerte presencia pública de Hugo Moyano “no pareciera ser una carta seductora y convocante” para los sectores medios a los que el gobierno debe seducir para “llegar al 40% y evitar un ballotage que resultaría fatal”. Denuncia la ausencia de Moyano en la lucha de Paraná Metal sobre la Ruta 9 porque “es una empresa que pertenece al empresario kirchnerista Cristóbal López”. Y advirtió: “Moyano es, objetivamente, una amenaza potencial para el matrimonio. Pero también, en esta coyuntura, funcional a algunas estrategias de los Kirchner. Compartió esta semana el coro con la presidenta para criticar a los medios de comunicación y a los opositores. También ayudó a dar otra vuelta de tuerca sobre los empresarios, el nuevo frente de batalla que los Kirchner fogonean luego de la nítida ausencia del sector cuando Cristina montó aquel espectáculo en la Casa Rosada con una trama argumental de Papel Prensa”.



La Nación informó que “si bien desde el Gobierno se adoptó un bajo perfil, hubo algunas señales a favor del proyecto”. Y Van der Kooy aclaró: “La presión de Moyano sobre Techint resulta caprichosa. La siderúrgica, junto a Clarín, constituyen la cabeza de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), a la cual el Gobierno ha intentado vaciar, en vano, desde hace más de un año. Esa conducta, por el contrario, generó un acercamiento desconocido en estos años de AEA con la UIA”.

1.9.10

Ley de Servicios audiovisuales

El Gobierno reglamentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Mediante el Decreto 1225/2010, firmado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 26.522. "No estamos acostumbrados a vivir en libertad de expresión y nos parece que el imperio del monopolio es el único posible. Esta es la primera vez que vamos a avanzar hacia la democratización del marco jurídico en la Argentina", sostuvo Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto de reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Congreso hace poco más de un año.

"Apruébase la reglamentación de la Ley N° 26.522 de SERVICIOS DE COMUNICACIóN AUDIOVISUAL, la que como Anexo I, integra el presente decreto", señala el artículo 1º. El decreto faculta además a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba.

La reglamentación del artículo 161 dispone que "la Autoridad de Aplicación establecerá los mecanismos de transición a los fines de adecuar la situación de la totalidad de los licenciatarios a lo dispuesto en la Ley 26.522". En este sentido, el decreto publicado hoy diferencia tres modalidades para esta adecuación: la voluntaria, la constatación de oficio y la adecuación por transferencia de licencias.

El titular de la AFSC, Gabriel Mariotto, recordó que la norma permite "no más de 10 licencias de TV y radio abierta en todo el país y no más de 3 por área de cobertura", con lo cual "queda garanatizada la posibilidad de pluralidad y diversidad". Asimismo, remarcó que los medios que superen esas cantidades tendrán un año de plazo para "elegir y proponer qué medios seguirán explotando y cuáles no".

Mariotto reafirmó el espíritu antimonopólico de la ley al explicar que a partir de su vigencia "quien genera contenidos, por ejemplo para televisión abierta, no podrá ser el dueño de la empresa que distribuye, porque al tener una empresa el 80 por ciento de los abonados de cable, sólo distribuye y privilegia las que genera, atentando contra la diversidad y la pluralidad"
Pagina 12

26.8.10

Procesaron a Arturo Colombi y Sergio Tressens

En una de las causas iniciadas por el SITRAJ
La causa se inició con la denuncia realizada ante la Fiscalía de Instrucción Nº 6 en turno, el pasado 14 de enero de 2009, por la falta de remisión de los fondos excedentes de coparticipación del año 2007.

El Ex gobernador de la provincia, Arturo Alejandro Colombi, y el ex Ministro de Hacienda, Sergio Federico Tressens, fueron procesados días atrás en una de las causas que iniciara el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) como autores materiales de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un fallo dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de esta Ciudad de Corrientes, a cargo del Dr. Luis Osvaldo Cocchia Breard.

La causa se inició con la denuncia realizada ante la Fiscalía de Instrucción Nº 6 en turno, el pasado 14 de enero de 2009, por la falta de remisión de los fondos excedentes de coparticipación del año 2007, en el porcentaje correspondiente – el 6,27 %-, al Poder Judicial de la provincia, conforme lo establecía específicamente la Ley de Presupuesto Nº 5821/08, en su Art. 20, sancionada el 15 de mayo de ese año.

El gremio llegó a los estrados judiciales luego de meses de haber reclamado el envío de los fondos, realizando presentaciones tanto al Superior Tribunal de Justicia (STJ), como ante la Legislatura correntina y hasta el Tribunal de Cuentas de la provincia sin obtener respuestas positivas lo que coartó la posibilidad de un aumento salarial debido a que esos recursos iban a ser destinados a la partida personal.

Los excedentes superaban los 163 millones de pesos, de los cuales alrededor de 10 millones correspondían a la Justicia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo por Decreto Nº 867/08, firmado un día después de la sanción de Presupuesto, distribuye los fondos excedentes de coparticipación omitiendo deliberadamente enviar la partida correspondiente al Poder Judicial, que debían ser destinados al incremento salarial que entonces se vio truncado.

Del estudio de las pruebas surge que Colombi incumplió en forma fehaciente con la normativa legal que establecía el destino que debía darse a los fondos resultantes del excedente presupuestario del periodo 2007, desoyendo al mismo tiempo los reiterados reclamos por parte del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, como así también a los representantes del SITRAJ.

Asimismo, del fallo se desprende que teniendo en cuenta los términos del Decreto 867/08 se desprende que el entonces Gobernador de la Provincia, incumplió lo dispuesto en la 5771 (Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, Contrataciones y administración de los Bienes del Sector Público Provincial), especialmente su Articulo 26º que establece la forma de utilizar los excedentes presupuestarios del período anterior, en caso de no encontrarse aprobado el Presupuesto general.

En lo que respecta al ex Ministro de Hacienda, la imputación y procesamiento radica en lo específicamente normado por la Constitución de la Provincia de Corrientes, que establece que todo Funcionario Publico debe ajustarse, es decir hacer efectivo el cumplimiento de lo allí normado, excluyéndose la “obediencia debida”, como forma de cumplir con sus obligaciones confiadas en virtud el cargo que ostenta.

Esta es la segunda vez, en poco más de diez años, que el SITRAJ logra en los estrados judiciales poner de manifiesto ante la sociedad el incumplimiento y mal desempeño de dos ex Gobernadores de la provincia de Corrientes. Primero fue Raúl Rolando Romero Feris, quien fue condenado y está inhabilitado para ejercer cargo público y, en esta oportunidad, Arturo Alejandro Colombi, cuya causa se espera de eleve a juicio a la brevedad.
Fuente:TN Corrientes

23.8.10

¿Los negocios por encima de los Derechos Humanos?

Primero la soja, ahora el arroz
Los científicos que alertan sobre este problema son intimidados. Una actividad concentrada que viola a la legislación internacional.
El sistema de Siembra Directa amenaza con contaminar los acuíferos de Argentina
Ya todos sabemos que la Siembra Directa (SD) o “siembra sin laboreo” viene de la mano de la utilización de herbicidas cuyo compuesto principal es el “glifosato”. En Argentina se rocían anualmente más de 220 millones de litros de herbicidas, sólo para los cultivos de soja y maíz, en algo más de 22 millones de hectáreas.

Estos números siguen incrementándose, ahora también de la mano de la SD en arroz, en donde la siembra tradicional –que prescindía del “glifosato”- casi dejó de existir.

La SD en arroz fue desarrollada por empresas como Copra SA –cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda- y Adecoagro –del financista húngaro George Soros-, que integran el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA) Avatí-í. Este planea la construcción de una represa sobre el río Ayuí, en la provincia de Corrientes, para regar 18 mil hectáreas de plantaciones, para producir 120 mil toneladas anuales de granos con destino a la exportación, el emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur.

De la mano de la SD, la actividad arrocera se está expandiendo fuera de las tradicionales regiones productoras del grano –las provincias de Entre Ríos y Corrientes- hacia las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe, poniendo en riesgo la mayor parte de los “humedales” del país, esto es, bañados, esteros, pantanos, ciénagas.

La importancia de los “humedales” es altamente reconocida, son los sitios de mayor biodiversidad y recarga de los acuíferos. Por lo que poner en contacto el “glifosato” y otros herbicidas con el agua es por demás preocupante.

El “glifosato” es sólidamente cuestionado por afectar a la salud y al ambiente por algunos científicos, como Andrés Carrasco –director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA)-, lo que le valió un duro ataque de las cámaras patronales sojeras.

Este duro ataque se reeditó recientemente en la provincia de Chaco el pasado 7 de agosto, cuando una exposición suya, junto Hugo Lucero –jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)-, fue abortada violentamente por un grupo de personas –ahora vinculadas al sector arrocero- que amenazaron y golpearon a parte de la comitiva que lo acompañaba, debiendo hacerse presente personal de la policía de la provincia y de Gendarmería Nacional.

Si ya estamos forzando la frontera agrícola hasta límites insospechados por la implementación de la SD de soja –que relegó a la ganadería a zonas marginales o a lotes de corral (“feedlots”), que destruyó bosques y que desplazó poblaciones-, pareciera ser que la próxima frontera son los “humedales”, esas zonas que se inundan permanente o intermitentemente.

Y si se inundan, estamos hablando de agua, un bien común que recientemente la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó con mayoría la propuesta –presentada por Bolivia y respaldada por otros treinta y tres Estados- de declarar el acceso al agua potable como Derecho Humano (DDHH). Tener en casa agua potable y limpia es ahora un derecho que debe cumplirse en todo el mundo, sin embargo, parece que lo estamos hipotecando.
www.ecoportal.net

19.8.10

Repercusiones internacionales del proyecto arrocero en Corrientes

La represa ilegal de Aranda ya provocó reacciones en el Uruguay


El diario montevideano El País advirtió en su edición de ayer que la Argentina no informó sobre la represa que pretenden construir el vicepresidente del Grupo Clarín y George Soros. Y un senador del Partido Colorado pidió que se instruya a la CARU.

El impacto que podría significar a nivel ambiental la represa que proyectan construir las empresas Copra SA, propiedad del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro, de George Soros, sobre el Arroyo Ayuí Grande dejó de ser una preocupación exclusiva de los correntinos.
El senador uruguayo Ope Pasquet Iribarne del Partido Colorado, planteó ayer en el Congreso del país vecino la necesidad de investigar el efecto que el emprendimiento pudiera tener sobre la calidad del agua del Río Uruguay.


En diálogo telefónico con Tiempo Argentino, Pasquet aseguró: “La información que hemos recabado hasta el momento tiene entidad suficiente como para que el ministerio de Relaciones Exteriores se interiorice seriamente en el tema, por eso he planteado esto en el Senado.” “La idea es pedirle al Ministerio y en particular al canciller (Luis) Almagro, que instruya a la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que realice las averiguaciones pertinentes, porque la verdad es que no sabemos qué ha hecho al respecto el gobierno, si es que ha hecho algo hasta el momento”, señaló el senador de la oposición uruguaya.

En tanto, en su edición de ayer el diario uruguayo El País dio cuenta de las implicancias internacionales que el emprendimiento de Aranda y Soros podría significar y advirtió: “No informaron a Uruguay sobre represa en Corrientes.”

El País reprodujo las expresiones vertidas por el canciller argentino Héctor Timerman cuando el domingo pasado twitteó: “Atención: uno de los dueños de Clarín es una amenaza para el medio ambiente en Corrientes y el Río Uruguay.”

El matutino del país vecino advirtió además que Brasil también podría verse involucrado en la controversia. En este sentido indica que “en la CARU no hay información sobre este emprendimiento ni certeza si la desembocadura del Miriñay está en la jurisdicción uruguaya o brasileña ya que ese río desemboca al norte de Puerto Ceibo, la Terminal de Monte Caseros, ciudad que se emplaza frente a Bella Unión, Artigas.”
En efecto, Rubens Stagno, integrante de la delegación uruguaya ante la CARU, confió ayer a este diario que todavía no recibieron ninguna instrucción por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese país y adelantó que de recibirla lo primero a hacer será analizar la jurisdicción de la CARU en el tema ya que “habría que ver si por la ubicación del Miriñay el primer afectado no es Brasil”.


En cuanto a la decisión del país vecino de tomar cartas en el asunto, el senador Pasquet fue tajante: “No me cabe ninguna duda de que Uruguay pedirá la información correspondiente, puede ser que tarde unos días porque los tiempos administrativos son así, pero no me cabe ninguna duda de que se solicitará la información pertinente a la Argentina.”



En tanto, el secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, reconoció que existe “una lógica preocupación” en el gobierno entrerriano por la construcción de la represa Ayuí Grande. Consultado sobre si Corrientes puede hacer una obra de esas características afectando a otros Estados provinciales y nacionales, Raffo aseguró que “habría que ver si cada provincia, perteneciendo a un Estado federal, puede, a través de su legislación permitir una obra que, dentro de su estudio de impacto ambiental debería prever o prevenir efectos en cursos interjurisdiccionales”.

El funcionario estimó además que esta controversia en puerta con Corrientes deberá dirimirse en un ámbito “más político, de relaciones entre las provincias” que su Secretaría y opinó que el Consejo Federal de Medio Ambiente, órgano que reúne a las dependencias del área de todas las provincias y de la Nación, puede ser “un carril” para que Entre Ríos obtenga la información sobre el emprendimiento y sus consecuencias

Publicado por: El Argentino