El dudoso sobreseimiento de Oscar Raúl Aguad por prescripción de la acción penal en la famosa causa de los “60 millones”, sería apelado en los próximos días, luego que el denunciante Rodolfo Amilcar Paladini, se notificará del fallo de la jueza Laura Varela, ocurrida en diciembre de 2007, entre gallos y medianoche. Tratados internacionales adheridos a la constitución argentina como leyes supremas, fallos del alto cuerpo judicial del país, como dictámenes de la Corte provincial, declaran a los delitos cometidos contra el Estado, como imprescriptibles. No pocos sostienen que detrás del dictamen de la Varela, hay algo más que una resolución judicial. Todo se podría convertir en un verdadero escándalo tribunalicio de ribetes nacionales. La prensa porteña no estaría ajena al suceso.
Aguad esta acusado de administración fraudulenta en perjuicio del erario público por violación de los deberes a su cargo. Junto a otros ex funcionarios de la tristemente célebre intervención federal conducida por el extinto Ramón Bautista Mestre, el hoy jefe de la bancada radical en Diputados del Congreso de la Nación, había ejecutado una de las mayores estafas en la historia de Corrientes al tomar un empréstito de 60 millones de dólares cuando conducían la municipalidad de Corrientes, para luego convertirlos en certificados de cancelación, más conocidos como CECACOR. El millonario préstamo le fue concedido por el Banco de la Nación Argentina en agosto del año 2.000 cuando Aguad se desempeñaba como delegado normalizador en la comuna capitalina y el país era gobernado por un frustrado Fernando de la Rúa. El objetivo de la línea de crédito era pagar deudas con organismos provinciales (IPS y IOSCOR) y amortizar bonos tomados por el municipio como también, la concreción de algunas obras públicas. La montaña de billetes de la moneda americana fue depositada en octubre de 2000 en una cuenta de la provincia, que respaldaría la operación con garantía de la coparticipación federal de impuestos, pero gran parte de ese dinero, sería canjeado inmediatamente en CECACOR y a través de esos papeles saldar los pasivos que tenía la comuna con el Instituto de Previsión Social de la provincia y la obra social de Corrientes. Del efectivo que quedaría tras la maniobra jamás de supo donde fue a parar. A finales de diciembre de 2001, el ingeniero Paladini denunciaría la maniobra, después de varios meses ya entrado el 2002, la entonces intendente Nora Nazar de Romero Feris dio ordenes de querellar en el proceso. La causa paso del fuero provincial al federal una y otra vez dilatando el expediente. La muerte de Mestre planteó la competencia. La fuerte presión de un sector de la prensa independiente lograría que en el 2005, el expediente recale en el juzgado de origen de la acusación, el de Instrucción 5 a cargo de Laura Varela. La magistrado luego de citarlo a indagatoria a Aguad, decidió procesarlo. Ese mismo año en octubre, el llamado Milico sería electo diputado de la nación por Córdoba y asumiría en su banca más allá de su problema judicial en Corrientes. Su fuero parlamentario debía haber paralizado la acción penal en su contra, y el expediente ser archivado hasta que culmine su mandato de legislador. Asimismo las actuaciones continuaron a pesar de lo que establecen las normativas para este cuadro de inmunidad legislativa.
LA PRESCRIPCIÓN
El 6 julio de 2007 la cámara en lo Criminal 1 de Corrientes resuelve aceptar la apelación de la defensa, revocando el auto procesamiento del ex interventor federal entendiendo que el juez se había apartado de las pruebas, aunque termina rechazando el pedido de prescripción de la causa aduciendo que no había operado el máximo de la pena. La votación terminaría 2 a 1. Luis González hoy camarista federal, se inclinaría por la caducidad de la instancia, mientras que Cintya Godoy Prats y Roberto Abel Mendiaz, se opondrían a esa solicitud. Asimismo, ya habían transcurrido dos años desde que Aguad asumió como diputado nacional y las diligencias continuaban más allá de la inmunidad parlamentaria del acusado, que debía proceder al archivo del expediente. Seis meses después de la resolución de este tribunal de alzada, la jueza Laura Varela y con el argumento de los camaristas todavía caliente en el papel, fallaría sobreseyendo por prescripción de la acción penal a Oscar Raúl Aguad, a Ramón Darwich y Fidias Mitrades Sanz, en contraposición al dictamen ocurrido 180 días antes. La fiscal actuante Graciela Fernández Contarde no se opondría a la resolución de Varela, tampoco la querella encabezada por el abogado Ricardo Maldonado en representación del municipio, apelaría la decisión. Un contubernio político judicial se habría consumado para liberar de la presión penal a un hombre, que cuando declara a los medios nacionales se muestra como un emulo de San Francisco de Asís, cuando la verdad demuestra que empernó económicamente al municipio de la añeja ciudad de Vera por décadas, sumiéndola en una crisis financiera de largo aliento, que retumba en la ciudadanía correntina.
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