El Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande se gestó con el objetivo principal de
llevar adelante la producción de alimentos, fundamentalmente arroz, otros granos
y ganadería, para lo cual prevé la construcción de una represa que permita la
conformación de un lago de 7.900 hectáreas aproximadamente ubicada sobre el
Arroyo Ayuí Grande.
Se trataba del plan de inversión hidráulico-agropecuario de mayor envergadura
en la Provincia de Corrientes y el proyecto privado arrocero más importante del
MERCOSUR.
Pero reclamos ambientalistas primero, sumados a la intervención del Gobierno
nacional que frenó el proyecto, generaron que en su momento se diera por caído
el proyecto pese a que en la justicia se avaló la postura de Corrientes, incluso
la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero desde el sector arrocero expresaron que “Ayuí está en
suspenso, se está esperando mejores momentos para las inversiones” en clara
referencia a la oposición del Estado nacional al proyecto por estar involucrado
como inversor un referente del Grupo Clarín, grupo enfrentado al Gobierno
nacional.
Manifestaron incluso que hay cinco o seis proyectos de gran envergadura
esperando por la concreción de Ayuí Grande, que tenía a empresas de George Soros
como principales promotoras.
Desde el sector sostienen que el principal freno al proyecto es el político,
pues la Corte Suprema en distintas medidas avaló reclamos del Gobierno de
Corrientes en favor del proyecto.
LOS VAIVENES JUDICIALES
Cabe recordar que conocido el proyecto de represamiento, ecologistas presentaron medidas de amparo para frenar la iniciativa productiva pero la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de Corrientes.
Cabe recordar que conocido el proyecto de represamiento, ecologistas presentaron medidas de amparo para frenar la iniciativa productiva pero la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de Corrientes.
Tras el reconocimiento de la Corte Suprema a favor de Corrientes en cuanto a
la legalidad del proyecto, el 24 de agosto de 2011 la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación emitió la Resolución N° 1.238 que frenaba la
iniciativa.
La medida estableció que las obras concernientes al "Proyecto Productivo Ayuí
Grande" resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por Argentina en
el Estatuto del Río Uruguay y otras normas y acuerdos internacionales, debido a
que Ayuí podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado por
tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al Río Uruguay al afectar la
calidad de sus aguas.
Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente estableció que el "Proyecto
Productivo Ayuí Grande" resultaría incompatible con las disposiciones de la Ley
General de Ambientes N° 25.675, y de la Ley de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331, contrariando de ese modo
los objetivos de la política ambiental nacional.
Contra dicha Resolución, la Fiscalía de Estado de Corrientes presentó Recurso
Jerárquico atacando la medida, lo cual fue desestimado en diciembre último por
la Jefatura de Ministros de la Nación.
Por las medidas de la Secretaría de Ambiente y de la Jefatura de Ministros,
el Gobierno de Corrientes recurrió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, máximo órgano judicial que reconoció la inconstitucionalidad de una
resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que ordenó el freno del
proyecto, y admitió que un fallo de ese tipo es competencia de la Justicia
ordinaria.
Corrientes había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de la
resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que sostuvo que el
proyecto hídrico Ayuí Grande era incompatible con las obligaciones asumidas por
la República en el Estatuto del Río Uruguay.
Concretamente, la provincia presentó demanda contra el Estado Nacional a fin
de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones 1238/2011
emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la
Resolución 1149 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, que desestimó el
recurso jerárquico de Corrientes contra la medida sobre Ayuí.
Además, el Estado correntino consideró que la Secretaría de Ambiente no tiene
competencia para controlar el impacto ambiental de un río internacional y que
debió darles a los organismos internacionales, nacionales y provinciales, al
Consejo Federal del Ambiente, a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a
otros organismos con facultades competentes.
Por ello, estimó que la actuación del Gobierno nacional avasalló el dominio
originario de los recursos naturales provinciales, y además invade la potestad
de regular el uso y aprovechamiento de recursos, y viola el debido proceso
adjetivo ya que Nación no le dio participación a la Provincia en la medida.
Pese a que en momento del fallo de la Corte Suprema el proyecto de Ayuí
estaba caído por el retiro del grupo Soros, para el Gobierno de Corrientes
resultó importante porque garantizaba la autonomía de Corrientes en la
definición de proyectos productivos, y limitaba la intervención del Estado
nacional.
Además la medida de la Corte contra la resolución de la Subsecretaria de
Ambiente dejó libre la posibilidad de retomar en algún momento el mega
emprendimiento de Ayuí.
EL PROYECTO
El Proyecto Ayuí promovido por las empresas Copra S.A., Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A. y Ea. Ñú Verá proyectaba la producción de alimentos sobre la base de arroz irrigado, cultivos de otros granos y ganadería bovina, desarrollado en unas 77.000 hectáreas de suelos aptos incluidos en campos de su propiedad, ubicados dentro de la Cuenca del Arroyo Ayuí Grande, en el Departamento de Mercedes.
El Proyecto Ayuí promovido por las empresas Copra S.A., Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A. y Ea. Ñú Verá proyectaba la producción de alimentos sobre la base de arroz irrigado, cultivos de otros granos y ganadería bovina, desarrollado en unas 77.000 hectáreas de suelos aptos incluidos en campos de su propiedad, ubicados dentro de la Cuenca del Arroyo Ayuí Grande, en el Departamento de Mercedes.
El proyecto obtuvo en 2009 aprobación por decreto del gobernador Arturo
Colombi que para ello modificó el área de protección señalada sobre la reserva
de Iberá y cuenta con el acompañamiento de la actual administración en el
gobierno que lidera su primo Ricardo Colombi.
Se trata del plan de inversión hidráulico-agropecuario de mayor envergadura
en la Provincia de Corrientes y el proyecto privado arrocero más importante del
MERCOSUR a partir de la construcción de una presa que generaría un lago de 7.900
hectáreas y permitiría regar alrededor de 18 mil hectáreas de arroz o una
superficie equivalente en consumo de agua.
La iniciativa reuniría tanto la disponibilidad de aguas y suelos, como la
presencia de empresas con voluntad de asociarse, capacidad institucional y el
respaldo financiero para asegurar la ejecución del proyecto; todo ello
garantizado por la experiencia de firmas de solvente trayectoria, y líderes en
la producción agrícola – ganadera.
Preveía incorporar 15.000 nuevas hectáreas a la producción de arroz -el
cultivo de mayor incidencia en la economía provincial-, es decir más de 120.000
toneladas de arroz de producción anual, transformando al Departamento de
Mercedes en el mayor polo arrocero del país y a Corrientes en la mayor provincia
productora de arroz de Argentina; así como también preveía el desarrollo de unas
5.000 hectáreas de otros granos bajo riego como sorgo, maíz, trigo y soja en
doble cosecha anual.
Adicionalmente, la iniciativa incluiría la producción de 9.000 hectáreas de
cultivos de otros granos en secano y actividad ganadera sobre unas 13.000
hectáreas de pasturas implantadas, 7.500 hectáreas sobre rastrojo de arroz y
11.000 hectáreas en campo natural.
RECHAZO A CUESTIONAMIENTOS
Los responsables del proyecto Ayuí Grande habías argumentado su rechazo a los distintos cuestionamientos recibidos por la iniciativa.
Los responsables del proyecto Ayuí Grande habías argumentado su rechazo a los distintos cuestionamientos recibidos por la iniciativa.
Respecto a que no se realizaron estudios técnicos y ambientales serios,
indicaron que se efectuaron numerosos estudios, técnicamente solventes, de mucha
seriedad y profesionalismo. Desde 1997 a la fecha, se han llevado a cabo
múltiples trabajos, que demuestran lo contrario a lo que sostienen algunos.
Sobre críticas a que no se cumplimentaron los pasos legales previstos, desde
el proyecto Ayuí argumentaron que la totalidad de los pasos administrativos y
legales han sido rigurosamente cumplidos en sus diferentes etapas hasta culminar
los mismos por completo.
Ante denuncias que la represa prevista en el proyecto es ilegal porque no se
la puede ubicar interrumpiendo un cauce público, se sostuvo que si bien es
correcto que el Ayuí Grande es un Arroyo no navegable cuyo cauce es de Dominio
Público, no es correcto sostener que eso impide la realización de una represa
sobre el arroyo.
Sobre planteos de que la represa producirá cambios negativos severos en el
régimen hidrológico del Ayuí o incluso su colapso, se explicó que “sin dudas, la
represa producirá, como cualquier emprendimiento, cambios en el régimen
hidrológico del Ayuí Grande, pero todos ellos de carácter admisibles y en un
balance general, de signo positivo”.
En relación a que los agroquímicos del Proyecto podrán contaminar el río
Uruguay, se consideró esa aseveración fuera de contexto porque no establece
parámetros razonables para sostenerse conceptualmente.
Mientras que frente a afirmaciones que la represa producirá proliferación de
algas, se explicó que en ambientes lacustres, naturales o artificiales, con
condiciones adecuadas de temperatura, turbidez y químicas del agua puede
producirse la proliferación de algas. En el caso del proyecto ese impacto esta
previsto, incluyendo su monitoreo.
Respecto a que la eventual rotura de la represa producirá severos daños aguas
abajo, se argumentó que las dimensiones y alturas de la represa, y sus
características estructurales y técnicas reducen al mínimo esa posibilidad de
ocurrencia.
Por otra parte, respecto a que el proyecto producirá un escaso impacto
socioeconómico favorable ya que el arroz ocupa poca mano de obra y todas las
máquinas provienen de otras provincias, se explicó que el proyecto tendrá un
impacto socioeconómico directo e indirecto de gran significación que será muy
importante para la región de Mercedes y la Provincia de Corrientes.
POSTURA RECHAZO
El megaproyecto que implicaba la construcción de una represa sobre el cauce del arroyo Ayuí Grande fue cuestionado por ambientalistas y el mismo Estado Nacional.
El megaproyecto que implicaba la construcción de una represa sobre el cauce del arroyo Ayuí Grande fue cuestionado por ambientalistas y el mismo Estado Nacional.
El entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en su momento expresó la preocupación
del Gobierno nacional por el posible impacto ambiental severo de la represa Ayuí
Grande en el ecosistema próximo a los Esteros del Iberá, y en el Tratado del río
Uruguay.
La empresa fue motivo de estudio del gabinete nacional que analizó el
anegamiento de tierras en la cuenca del arroyo Ayuí, afluente del río Uruguay,
que proyectan Copra S.A. y Adeco Agro para regar unas 18.000 hectáreas de
futuros arrozales.
El canciller Héctor Timerman se refirió al proyecto durante su encuentro con
la Asamblea Ciudadana Ambiental de Entre Ríos como una "amenaza contra el medio
ambiente".
Sobre el tema se pronunciaron en su momento la Asamblea Ambiental de Paso de
los Libres y Guardianes del Iberá junto pobladores de Mercedes , y el
acompañamiento de otras 56 organizaciones ambientales de diferentes puntos del
país.
Sostuvieron que un fallo de la Corte en torno al “Proyecto Productivo Ayuí
Grande” fue leído por el gobierno como una presunta autorización cuando " en
realidad se trata de una resolución de la que nada tienen que ver con la
autorización o no de realizar el proyecto".
En consecuencia habían solicitado al gobierno nacional, que “intervenga para
comprobar si la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de
Corrientes, responde al espíritu de la Ley Nacional" y estudios para determinar
si "este emprendimiento puede contaminar el Río Uruguay".
Los ambientalistas mencionaron que desde hace varios años numerosas
instituciones, científicos, políticos y personalidades de todos los ámbitos han
rechazado este proyecto implica "anteponer" intereses económicos a los
ambientales y agrava el deterioro planetario.
El petitorio para que se "desista" del proyecto fue dirigido a los
responsables de la UTE “Represa Ayuí Grande” integrada por Copra S.A (José
Aranda – Vicepresidente de Clarín) y Adecoagro (George Soros) y al gobierno
provincial.
Momarandu.com
“No es nuestra intención oponernos al desarrollo económico de la provincia ni
a la producción de arroz, pero pedimos respeto por las normas ambientales.”
Aclararon las instituciones y entidades firmantes en rechazo del proyecto.
Momarandu.com
