30.9.12

Rituales kimbandas, siguen detenidas cuatro personas y se buscan a prófugos.

Los arrestados son el padre, tío, un hombre y una mujer, quienes se encuentran alojados en la alcaidía de Saladas y comisaría de distrito. Ayer se montaron amplios operativos por la provincia para dar con los fugados, entre ellos un ex policía, pero no hay rastros de sus paraderos.

La localidad de Empedrado sigue convulsionada por semejante hecho ocurrido en una secta kimbanda, en el que dos hermanitos que ahora tienen 10 y 14 años fueron abusados por sus familiares. En el marco de las investigaciones se pudo saber que siguen detenidas cuatro personas, una de ellas una mujer, y aún no prestaron declaración. Se estima que ese proceso podría comenzar en las próximas horas, según se pudo saber. Por su parte, la Policía busca a las demás personas que se encuentran prófugas de la Justicia tras conocerse públicamente el hecho. Entre los fugados figura un ex policía, quien se encuentra en situación de retiro. También comenzaron a declarar ocasionales testigos.
 
Según los datos aportados por fuentes policiales, las cuatro personas detenidas que se encuentran alojadas en la alcaidía de la localidad de Saladas son Medina, padre de los menores abusados, Medina, tío de las víctimas y un hombre de apellido Sotelo, en tanto una mujer apellidada Molina se encuentra detenida en la comisaría distrital de Empedrado.
Presuntamente todos serían familiares, dato que no se pudo corroborar de manera fehaciente, y por el momento no prestaron declaración testimonial.
 
Según contó el jefe de Policía, comisario general Juan Ojeda, se pidió a la Justicia que libre un pedido de captura para las personas involucradas. Entre los prófugos figura un ex policía, a quien se lo buscó en su domicilio y lugares que frecuenta, pero no lo encontraron. Habrían otros fugados y ayer la Policía desplegó varios operativos por la provincia para dar con los buscados. Hasta el cierre de esta edición no lograron aprehender a otras personas. También y en el marco de las investigaciones, fuentes policiales indicaron que declararon varios testigos en el caso y aseveraron que continúan con esa etapa de testimonios.
 
Uno de los menores que declaró, el chico que tiene 10 años, había dicho que escuchó a un hombre decirle a un pai que él había mandado a “secuestrar, abusar y matar a Romina”, una chica que había desaparecido en octubre de 2007. En la misma declaración dijo que “un día su madre se fue a pedirle que le haga un trabajo como curandero y a cambio pidió que le entregara a Romina, pero ella no quiso dársela, entonces pasó lo que pasó con ella”.
 
El caso se conoció luego de que los menores se quebraran en la escuela. Contaron la pesadilla que viven hace varios años. Relataron con detalles los supuestos cultos satánicos que se realizan. La madre fue la que denunció el caso y detuvieron a tres hombres y una mujer. Entre ellos se encuentra el padre de las víctimas.
 
La declaración de ambos dejó atónita a la propia Policía, ya que en ningún momento los menores se mostraron dubitativos. Al identificar a los supuestos miembros de la secta, nombraron a su padre. El hombre está separado de su mujer desde hace varios años y los chicos tampoco viven con su madre, sino en la casa de una tía.
Los hermanitos son tres, el mayor de 14 años, uno de 12 y el más pequeño de 8 años. Todos asisten a una escuela primaria.

17.9.12

Santo Tomé: La provincia no paga el alquiler del edificio de la Escuela 322 desde hace un año

El contrato de locación  debía renovarse en agosto de 2011. Desde esa fecha, el Ministerio de Educación no cumple con el compromiso que estipulaba el pago del alquiler para garantizar el funcionamiento de la institución. Concejales de Proyecto 2000 presentaron dos iniciativas para gestionar que se regularice la situación.

Desde hace un año el gobierno de la provincia no paga el alquiler del edificio de la Escuela Técnica Nº 322 “Obispo Gelabert” y ni siquiera se renovó el contrato de locación del inmueble -que venció en agosto de 2011-, situación que genera serias complicaciones en el funcionamiento de la entidad educativa.

Es importante recordar que, amenazada por la posibilidad de un desalojo que le imposibilitara continuar con su funcionamiento, la Municipalidad de Santo Tomé adquirió el inmueble donde funciona la Escuela Nº 322 y acordó un contrato de alquiler con el Ministerio de Educación de la Provincia, cuya renta era administrada a la Asociación Cooperadora.

Debido al mencionado incumplimiento por parte del gobierno provincial, la última semana el bloque de concejales justicialistas Proyecto 2000 –integrado por Ángel Piaggio y José Lespinard- presentó dos iniciativas con el objetivo de regularizar la situación.

Mediante un proyecto de Resolución, los ediles plantearon que el cuerpo legislativo requiera del Ministerio de Educación que proceda a renovar el contrato de locación que durante años convino con la Asociación Cooperadora de la escuela de Educación Técnica, a fines de garantizar el normal funcionamiento del mencionado establecimiento.

En la misma iniciativa, plantearon solicitar que se disponga el pago de las locaciones generadas y adeudadas desde el vencimiento del anterior contrato de alquiler a la fecha.

Según destacaron Piaggio y Lespinard en los fundamentos del proyecto, “la correcta y eficiente utilización que de los recursos girados hiciera la mencionada Asociación posibilitó un importante crecimiento edilicio y mejora de equipamiento”.

Además, recordaron que “corrían tiempos en que las políticas educativas nacionales no favorecían precisamente el desarrollo de las escuelas medias de orientación técnica, por lo que el esfuerzo mancomunado del municipio y la comunidad educativa adquirieron singular relevancia”.

“Declamar la necesidad de la participación y el compromiso de los ciudadanos a través de sus entidades representativas, y en la práctica no reconocer sus derechos, ni hacerse cargo de las obligaciones para con ellos, genera una flagrante contradicción”, expresaron en otro párrafo.

En el año 2007, mediante la Ordenanza Nº 2598/07 el municipio dispuso el traspaso de la titularidad del dominio a favor de la Asociación Cooperadora. Sin embargo, lo establecino en aquella norma nunca terminó de concretarse en los hechos.

En ese sentido, los concejales del PJ presentaron también un proyecto de Comunicación, solicitando al Ejecutivo Municipal que efectúe las acciones destinados a transferir el dominio del edificio donde desarrolla sus actividades la Escuela 322 a favor de la Asociación Cooperadora, tal cual se estableciera en la Ordenanza Nº 2598/97.

“Estimamos prudente y necesario proceder a consolidad la transferencia definitiva del dominio, habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial desde que la Municipalidad de Santo Tomé donara, a favor de la Asociación Cooperadora, con cargo y destino al funcionamiento del mencionado establecimiento educativo el predio que en su momento adquiriera como garantía de continuidad a las actividades propias de dicha escuela”, argumentaron.
Fuente: Santotomealdia.com.ar

11.9.12

Corrientes: el ex dueño de "Las Marías" podría ser juzgado por delitos de lesa humanidad

El ex dueño de la industria yerbatera “Las Marías”, Adolfo Navajas Artaza, podría ser juzgado por delitos vinculados con la desaparición, detención y torturas de trabajadores y sindicalistas en la ciudad de Virasoro durante la última dictadura militar

En 2008, el empresario correntino quedó imputado como autor intelectual de la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales en julio de 1977.

Y además por la muerte del sargento primero José Anchetti, que también trabajaba para él, y por haber colaborado con las fuerzas de seguridad, ofreciendo tierras de su cementerio privado, para el entierro de víctimas de la represión, según consta en el expediente.

Si bien, por estos hechos, Navajas Artaza fue convocado a indagatoria por el fiscal Benito Pont, nunca prestó declaración y, aún así, el juez de Paso de los Libres Antonio Chalup ordenó su sobreseimiento en mayo de 2008.

La decisión del juez pone fin a la imputación del industrial yerbatero, por los hechos mencionados, pero no impide su juzgamiento por otros. Antonio Chalup, es el juez número 20 de la causa, debido a que se inhibieron 19 jueces y conjueces que no quieren juzgar los delitos de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores y sindicalistas de Las Marías.

En la localidad de Virasoro, ubicada al norte de la provincia, se investigan dos causas por delitos de lesa humanidad, que podrían unificarse y elevarse a juicio oral y público, posiblemente en marzo de 2013, según confirmó a Télam una fuente del Tribunal Oral Federal de Corrientes.

La primera de ellas es por la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales y de Marcelo Peralta, también sindicalista en la empresa yerbatera.

La segunda investiga la comisión de delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos psíquicos y físicos en perjuicio de Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez.

La investigaciones se inician por las denuncias de Catalino Pérez, hijo de Neris, desaparecido desde 1977 y de una de las víctimas de detención y torturas, Ramón Aguirre, que actualmente reside en Bélgica.

Están imputados quien se desempeñaba como interventor militar en Virasoro, el capitán Juan Carlos Sacco; el coronel Duilio Ramón Martínez, el general Llamil Reston, Héctor Queirel y Ramón Alberto Giménez.

En la causa de Pérez, Navajas Artaza había sido mencionado por Ramón Alberto Giménez, ex policía también imputado, que lo señaló como quien ordenó el secuestro de Pérez, hecho en el que él mismo participó y se autodenominó como “entregador”.

En su declaración, Giménez califica al dueño de la marca “Taragüí”, como “señor feudal”, que tenía a todo el pueblo bajo su poderío económico.

La vinculación de Navajas Artaza con las desapariciones y detenciones de los trabajadores es también sostenida por las organizaciones de derechos humanos de Corrientes y varios de sus representantes se expresaron públicamente en este sentido.

Tal es el caso de Marisa Saunaria, de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, que en diálogo con Télam afirmó que hubo “connivencia” del empresario yerbatero “en la represión que sufrieron los sindicalistas”.

“Con la excusa del cumplimiento de la ley de sabotaje industrial argumentaban boicots para imputar a los trabajadores”, afirmó.

En 2006, cuando se iniciaron las causas por las denuncias de Catalino Pérez y Ramón Aguirre, en Corrientes, Pablo Vassel se desempeñaba como subsecretario de Derechos Humanos.

Recordó que por primera vez, el 24 de marzo de ese año, se visibilizó el tema, cuando hijos, familiares y amigos de las víctimas marcharon por primera vez para pedir justicia.

E hicieron un acto en la plaza principal del pueblo junto las madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida y Nora Cortiñas; representantes del Servicio de Paz y Justicia, y de organizaciones de derechos humanos de Corrientes.

El acto, tuvo como única autoridad al propio Vassel. “Los demás prefirieron no mirar”, dijo a Télam quién hoy cumple el rol de director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación.

“Todas las víctimas de Virasoro están relacionadas con Las Marías y todas tuvieron alguna actividad en el poderoso grupo yerbatero”, afirmó, a la vez que señaló que “no es casualidad que toda la cúpula gremial haya sido descabezada”.

En este sentido, Vassel remarcó que “hay una vinculación directa” y agregó que “el alcance de esa vinculación lo va a determinar la Justicia”.

Navajas Artaza fue interventor federal de Corrientes del 7 de junio de 1969 al 11 de enero de 1973, durante la dictadura de Onganía.

Del 22 de septiembre de 1982 al 10 de diciembre de 1983 fue ministro de Acción Social de la Nación, en el gobierno de facto de Reynaldo Bignone.

De 1985 a 1987 fue presidente del Concejo Municipal de Gobernador Virasoro. Recibió dos veces el premio Konex: en 1998 y 2008, en la categoría destinada a empresarios rurales. En 2005 se presentó como candidato a gobernador de Corrientes por el Proyecto Corrientes.

10.9.12

Fabián Ríos afirmó que existe una justicia con definiciones partidarias


El presidente del Partido Justicialista y diputado nacional, Fabián Ríos, calificó hoy como “una gravedad terrible” los hechos denunciados la semana pasada por el diputado Tamandaré Ramirez Forte (PJ). “Nos queda claro que en Corrientes existe una Justicia que tiene definiciones partidarias” y en este sentido, tildó de “vergonzoso” el cambio de voto en el Jury de Enjuiciamiento. Señaló que reforma constitucional “consagró un Poder Judicial al servicio de las corporaciones que integran el Poder Judicial” y que estas corporaciones de “autoeligen, autojuzgan y autopreservan”. Afirmó finalmente que sería necesaria una reforma constitucional.

El presidente del Partido Justicialista y diputado nacional, Fabián Ríos, calificó hoy como “una gravedad terrible” los hechos denunciados la semana pasada por el diputado Tamandaré Ramirez Forte (PJ), respecto de las amenazas del fiscal general, César Sotelo al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani y otros legisladores.

En diálogo con la prensa, afirmó que “nos queda claro que en Corrientes existe una Justicia que tiene definiciones partidarias” y en este sentido, tildó de “vergonzoso” el cambio de voto en el Jury de Enjuiciamiento.

“ Resulta lamentable y también habla de definiciones partidarias ó instrucciones partidarias a determinados miembros del Jury de Enjuiciamiento”, afirmó el titular del PJ.

En tanto, recordó el debate por la reforma constitucional. “En aquella oportunidad, nosotros expresamos como principio básico que la reforma constitucional en este sentido estaba muy mal hecha, porque se consagró un Poder Judicial al servicio de las corporaciones que integran el Poder Judicial”

“Pasaron a ser corporaciones que se autojuzgan, autoeligen, autopreservan y se dejó al poder político por los cuestionamientos que hace la sociedad, sin tener en cuenta que la política cada dos años está sujeta a la consideración de la gente y el poder judicial y quienes lo integran, los abogados, magistrados, y los funcionarios del judiciales, jamás están sujetos a la consideración popular”, cuestionó.

Por todo esto, Ríos consideró que en la reforma constitucional “se estableció el corporativismo y la familiaridad con el poder judicial como mecanismo de selección y las consecuencias hoy son estas” y agregó que en el Jury Enjuiciamiento el Poder Legislativo tiene una participación minoritaria”.

Finalmente, el legislador nacional del peronismo, señaló que la problemática que se generó la semana pasada y que “hubiese sido motivo de escándalo y renuncias en cualquier otro lugar”, “demuestra que se necesita una reforma constitucional”.


4.9.12

Walter Fontana 2013


3.9.12

Causa Aguad: Se investiga el destino de los U$S 60 millones

Carlos Rubín confirmó que la Corte pidió el expediente de la Causa Aguad

El Presidente del STJ, doctor Carlos Rubín reconoció que la Corte Suprema pidió la parte sustancial del expediente de la causa Aguad que investiga el destino de 60 millones de dólares tomados por la Municipalidad de Corrientes cuando el actual legislador nacional era Interventor. “Recibimos un oficio del Secretario del Alto Tribunal donde solicita la remisión del expediente principal, sin mención de la aceptación o no de la queja. Ante esa circunstancia y a los efectos de facilitar el conocimiento de la Corte se extrajo fotocopia certificada de la parte pertinente y se le remitió”, informó.

“A raíz de la decisión del STJ ya conocida, el imputado presentó un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema. El procedimiento es que tenemos que resolver sobre ese recurso; y acá se le denegó ese recurso entonces únicamente le queda al imputado la posibilidad de ir en queja ante la Corte Suprema, y si ella estima conveniente o procedente la queja entonces ahí recién pide el expediente principal”, explicó el doctor Carlos Rubín.

“En este caso ocurrió a la inversa: recibimos un oficio del Secretario del Alto Tribunal donde solicita la remisión del expediente principal, sin mención de la aceptación o no de la queja. En ese caso nosotros solicitamos al juzgado que lleva la causa en que situación está. Nos informó que estaba en pleno trámite. Ante esa circunstancia y a los efectos de facilitar el conocimiento de la Corte se extrajo fotocopia certificada de la parte pertinente y se le remitió", precisó.

Sobre si el procedimiento es común, Rubín dijo que “ya han habido casos así; no digo que sea habitual pero no es el primero. En realidad la Corte todavía no resolvió si aceptaba o no la queja”.

Nueva conformación del Juri de Enjuiciamiento

"Yo no tengo nada que ver con el Jury de Enjuiciamiento, ni tampoco tiene que ver el STJ. Según la Constitución, el Jury es un organismo totalmente aparte e independiente que tiene incluso un presupuesto propio así que no puedo opinar”, dijo.
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