Aseguran que el proyecto Ayuí Grande sólo está postergado

ANTE FRENOS DEL ESTADO NACIONAL

El Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande se gestó con el objetivo principal de llevar adelante la producción de alimentos, fundamentalmente arroz, otros granos y ganadería, para lo cual prevé la construcción de una represa que permita la conformación de un lago de 7.900 hectáreas aproximadamente ubicada sobre el Arroyo Ayuí Grande.

Se trataba del plan de inversión hidráulico-agropecuario de mayor envergadura en la Provincia de Corrientes y el proyecto privado arrocero más importante del MERCOSUR.

Pero reclamos ambientalistas primero, sumados a la intervención del Gobierno nacional que frenó el proyecto, generaron que en su momento se diera por caído el proyecto pese a que en la justicia se avaló la postura de Corrientes, incluso la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

Pero desde el sector arrocero expresaron que “Ayuí está en suspenso, se está esperando mejores momentos para las inversiones” en clara referencia a la oposición del Estado nacional al proyecto por estar involucrado como inversor un referente del Grupo Clarín, grupo enfrentado al Gobierno nacional.

 

Manifestaron incluso que hay cinco o seis proyectos de gran envergadura esperando por la concreción de Ayuí Grande, que tenía a empresas de George Soros como principales promotoras.

Desde el sector sostienen que el principal freno al proyecto es el político, pues la Corte Suprema en distintas medidas avaló reclamos del Gobierno de Corrientes en favor del proyecto.

 

LOS VAIVENES JUDICIALES
Cabe recordar que conocido el proyecto de represamiento, ecologistas presentaron medidas de amparo para frenar la iniciativa productiva pero la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de Corrientes.

Tras el reconocimiento de la Corte Suprema a favor de Corrientes en cuanto a la legalidad del proyecto, el 24 de agosto de 2011 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación emitió la Resolución N° 1.238 que frenaba la iniciativa.

La medida estableció que las obras concernientes al "Proyecto Productivo Ayuí Grande" resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otras normas y acuerdos internacionales, debido a que Ayuí podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al Río Uruguay al afectar la calidad de sus aguas.

Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente estableció que el "Proyecto Productivo Ayuí Grande" resultaría incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambientes N° 25.675, y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331, contrariando de ese modo los objetivos de la política ambiental nacional.

Contra dicha Resolución, la Fiscalía de Estado de Corrientes presentó Recurso Jerárquico atacando la medida, lo cual fue desestimado en diciembre último por la Jefatura de Ministros de la Nación.

Por las medidas de la Secretaría de Ambiente y de la Jefatura de Ministros, el Gobierno de Corrientes recurrió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo órgano judicial que reconoció la inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que ordenó el freno del proyecto, y admitió que un fallo de ese tipo es competencia de la Justicia ordinaria.

Corrientes había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de la resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que sostuvo que el proyecto hídrico Ayuí Grande era incompatible con las obligaciones asumidas por la República en el Estatuto del Río Uruguay.

Concretamente, la provincia presentó demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones 1238/2011 emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Resolución 1149 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, que desestimó el recurso jerárquico de Corrientes contra la medida sobre Ayuí.

Además, el Estado correntino consideró que la Secretaría de Ambiente no tiene competencia para controlar el impacto ambiental de un río internacional y que debió darles a los organismos internacionales, nacionales y provinciales, al Consejo Federal del Ambiente, a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a otros organismos con facultades competentes.

Por ello, estimó que la actuación del Gobierno nacional avasalló el dominio originario de los recursos naturales provinciales, y además invade la potestad de regular el uso y aprovechamiento de recursos, y viola el debido proceso adjetivo ya que Nación no le dio participación a la Provincia en la medida.

Pese a que en momento del fallo de la Corte Suprema el proyecto de Ayuí estaba caído por el retiro del grupo Soros, para el Gobierno de Corrientes resultó importante porque garantizaba la autonomía de Corrientes en la definición de proyectos productivos, y limitaba la intervención del Estado nacional.

 

Además la medida de la Corte contra la resolución de la Subsecretaria de Ambiente dejó libre la posibilidad de retomar en algún momento el mega emprendimiento de Ayuí.

 

EL PROYECTO
El Proyecto Ayuí promovido por las empresas Copra S.A., Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A. y Ea. Ñú Verá proyectaba la producción de alimentos sobre la base de arroz irrigado, cultivos de otros granos y ganadería bovina, desarrollado en unas 77.000 hectáreas de suelos aptos incluidos en campos de su propiedad, ubicados dentro de la Cuenca del Arroyo Ayuí Grande, en el Departamento de Mercedes.

 

El proyecto obtuvo en 2009 aprobación por decreto del gobernador Arturo Colombi que para ello modificó el área de protección señalada sobre la reserva de Iberá y cuenta con el acompañamiento de la actual administración en el gobierno que lidera su primo Ricardo Colombi.

Se trata del plan de inversión hidráulico-agropecuario de mayor envergadura en la Provincia de Corrientes y el proyecto privado arrocero más importante del MERCOSUR a partir de la construcción de una presa que generaría un lago de 7.900 hectáreas y permitiría regar alrededor de 18 mil hectáreas de arroz o una superficie equivalente en consumo de agua.

La iniciativa reuniría tanto la disponibilidad de aguas y suelos, como la presencia de empresas con voluntad de asociarse, capacidad institucional y el respaldo financiero para asegurar la ejecución del proyecto; todo ello garantizado por la experiencia de firmas de solvente trayectoria, y líderes en la producción agrícola – ganadera.

 

Preveía incorporar 15.000 nuevas hectáreas a la producción de arroz -el cultivo de mayor incidencia en la economía provincial-, es decir más de 120.000 toneladas de arroz de producción anual, transformando al Departamento de Mercedes en el mayor polo arrocero del país y a Corrientes en la mayor provincia productora de arroz de Argentina; así como también preveía el desarrollo de unas 5.000 hectáreas de otros granos bajo riego como sorgo, maíz, trigo y soja en doble cosecha anual.

Adicionalmente, la iniciativa incluiría la producción de 9.000 hectáreas de cultivos de otros granos en secano y actividad ganadera sobre unas 13.000 hectáreas de pasturas implantadas, 7.500 hectáreas sobre rastrojo de arroz y 11.000 hectáreas en campo natural.

 

RECHAZO A CUESTIONAMIENTOS
Los responsables del proyecto Ayuí Grande habías argumentado su rechazo a los distintos cuestionamientos recibidos por la iniciativa.

Respecto a que no se realizaron estudios técnicos y ambientales serios, indicaron que se efectuaron numerosos estudios, técnicamente solventes, de mucha seriedad y profesionalismo. Desde 1997 a la fecha, se han llevado a cabo múltiples trabajos, que demuestran lo contrario a lo que sostienen algunos.

Sobre críticas a que no se cumplimentaron los pasos legales previstos, desde el proyecto Ayuí argumentaron que la totalidad de los pasos administrativos y legales han sido rigurosamente cumplidos en sus diferentes etapas hasta culminar los mismos por completo.

Ante denuncias que la represa prevista en el proyecto es ilegal porque no se la puede ubicar interrumpiendo un cauce público, se sostuvo que si bien es correcto que el Ayuí Grande es un Arroyo no navegable cuyo cauce es de Dominio Público, no es correcto sostener que eso impide la realización de una represa sobre el arroyo.

Sobre planteos de que la represa producirá cambios negativos severos en el régimen hidrológico del Ayuí o incluso su colapso, se explicó que “sin dudas, la represa producirá, como cualquier emprendimiento, cambios en el régimen hidrológico del Ayuí Grande, pero todos ellos de carácter admisibles y en un balance general, de signo positivo”.

En relación a que los agroquímicos del Proyecto podrán contaminar el río Uruguay, se consideró esa aseveración fuera de contexto porque no establece parámetros razonables para sostenerse conceptualmente.

Mientras que frente a afirmaciones que la represa producirá proliferación de algas, se explicó que en ambientes lacustres, naturales o artificiales, con condiciones adecuadas de temperatura, turbidez y químicas del agua puede producirse la proliferación de algas. En el caso del proyecto ese impacto esta previsto, incluyendo su monitoreo.

Respecto a que la eventual rotura de la represa producirá severos daños aguas abajo, se argumentó que las dimensiones y alturas de la represa, y sus características estructurales y técnicas reducen al mínimo esa posibilidad de ocurrencia.

Por otra parte, respecto a que el proyecto producirá un escaso impacto socioeconómico favorable ya que el arroz ocupa poca mano de obra y todas las máquinas provienen de otras provincias, se explicó que el proyecto tendrá un impacto socioeconómico directo e indirecto de gran significación que será muy importante para la región de Mercedes y la Provincia de Corrientes.

 

POSTURA  RECHAZO
El megaproyecto que implicaba la construcción de una represa sobre el cauce del arroyo Ayuí Grande fue cuestionado por ambientalistas y el mismo Estado Nacional.

El entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en su momento expresó la preocupación del Gobierno nacional por el posible impacto ambiental severo de la represa Ayuí Grande en el ecosistema próximo a los Esteros del Iberá, y en el Tratado del río Uruguay.

La empresa fue motivo de estudio del gabinete nacional que analizó el anegamiento de tierras en la cuenca del arroyo Ayuí, afluente del río Uruguay, que proyectan Copra S.A. y Adeco Agro para regar unas 18.000 hectáreas de futuros arrozales.

 

El canciller Héctor Timerman se refirió al proyecto durante su encuentro con la Asamblea Ciudadana Ambiental de Entre Ríos como una "amenaza contra el medio ambiente".

Sobre el tema se pronunciaron en su momento la Asamblea Ambiental de Paso de los Libres y Guardianes del Iberá junto pobladores de Mercedes , y el acompañamiento de otras 56 organizaciones ambientales de diferentes puntos del país.

 

Sostuvieron que un fallo de la Corte en torno al “Proyecto Productivo Ayuí Grande” fue leído por el gobierno como una presunta autorización cuando " en realidad se trata de una resolución de la que nada tienen que ver con la autorización o no de realizar el proyecto".

En consecuencia habían solicitado al gobierno nacional, que “intervenga para comprobar si la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes, responde al espíritu de la Ley Nacional" y estudios para determinar si "este emprendimiento puede contaminar el Río Uruguay".

 

Los ambientalistas mencionaron que desde hace varios años numerosas instituciones, científicos, políticos y personalidades de todos los ámbitos han rechazado este proyecto implica "anteponer" intereses económicos a los ambientales y agrava el deterioro planetario.

El petitorio para que se "desista" del proyecto fue dirigido a los responsables de la UTE “Represa Ayuí Grande” integrada por Copra S.A (José Aranda – Vicepresidente de Clarín) y Adecoagro (George Soros) y al gobierno provincial.

“No es nuestra intención oponernos al desarrollo económico de la provincia ni a la producción de arroz, pero pedimos respeto por las normas ambientales.” Aclararon las instituciones y entidades firmantes en rechazo del proyecto.

Momarandu.com

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En la Argentina hay 35 ríos, arroyos y lagos apropiados por terratenientes

Los negocios privados y el caso de Corrientes.

Son empresarios locales y extranjeros que se adueñaron de recursos hídricos que deberían ser accesibles para todos los habitantes. Incumplen la ley y, muchas veces, recurren a la violencia. Un empresario inglés alambra un lago en Río Negro, un millonario italiano cierra una ruta provincial y aísla a un pueblo en Chubut. Un magnate de medios estadounidense pone una tranquera e impide el paso al río Traful, en Neuquén. Los negocios privados y el caso de Corrientes.

También, en San Martín de los Andes, el custodio privado de un complejo de cabañas mata de un balazo a un joven por estar pescando con un amigo a orillas del río Quilquihue.

Son apenas algunos ejemplos de los innumerables casos de apropiación ilegal de recursos hídricos por parte de empresarios argentinos y extranjeros que violan leyes provinciales y nacionales, y pasan a ser “okupas” de escenarios naturales que deberían estar abiertos al público. Así lo pudo comprobar Tiempo Argentino tras un relevamiento en todo el país, que permitió detectar en ocho provincias 35 casos en los que ríos, lagos, arroyos, costas y lagunas dejan de ser de todos para ser de algunos pocos, que no prescinden de recurrir a la violencia para obtener y conservar sus privilegios.

El artículo Nº 2.340 del Código Civil incluye a los mencionados recursos como “bienes públicos”, es decir, que pertenecen a los habitantes en general, lo que significa que no está permitido que sean comprados, vendidos, ni transferidos. Sin embargo, lo que viene sucediendo es justo lo contrario. También el artículo 2.639 del mismo código sufre constantes incumplimientos. Esa cláusula indica que “los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización”. Es otra norma que pocos terratenientes respetan.

En Córdoba, por ejemplo, sólo en 2009 la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento retiró 500 alambrados en las sierras chicas que impedían el libre tránsito. En localidades serranas como Huerta Grande, Villa Giardino o La Cumbre es frecuente ver espejos de agua dentro de propiedades y hasta muros con candados que impiden el paso peatonal. En 2004, el gobierno cordobés colocó mojones en siete lagos que delimitaron por primera vez lo público de lo privado, pero ese plan se frenó en 2007.

En la Patagonia la situación es aun más crítica. Es la región donde existen más casos de grandes propietarios, la mayoría de ellos extranjeros, copando espacios públicos. Uno de los más emblemáticos es el del inglés Joe Lewis. En 2011, la justicia rionegrina le ordenó abrir el camino público que atraviesa su mansión y llega hasta el Lago Escondido. Lewis nunca acató el pedido.

Por su parte, el magnate textil Luciano Benetton se apropió de 15 kilómetros de la ruta provincial Nº 4, prohibiendo el acceso al río Chubut y dejando al pueblo de El Maitén con una salida menos.

Otro tanto ocurre en Neuquén con la estancia La Primavera. Allí, hace doce años que Ted Turner, dueño de la cadena CNN, mantiene a los pobladores cautivos en sus propios campos. Uno de ellos es Miguel Lagos, que para salir de sus tierras debía pedir permiso y sortear tranqueras con candados y hasta un puente enrejado. Hoy, Lagos vive en Villa La Angostura. “Me tuve que ir porque me hacían la vida imposible, pero todavía siguen viviendo familias que para salir tienen que hacerlo de a pie y esquivando una zanja de dos metros de profundidad que bordea el terreno”, explicó Lagos a Tiempo. También agregó que “encadenaron el acceso a los ríos Minero y Traful y nadie puede acceder, y al que lo intenta lo corren a los tiros”.

En Santa Cruz los poderosos también parecen tener más peso que la propia ley. Apellidos como Pérez Companc, Benetton, Menéndez Bethy y Braun Menéndez figuran entre los poseedores de grandes estancias que vedan el acceso público a espejos de agua como el lago Strobel, los ríos Penitentes y Gallegos, y las lagunas Chica, Larga y Cóndor.

Oscar Nieddu, ex presidente del Club de Pesca y Tiro Fontinalis, de Río Turbio, relató que “prácticamente ya no se puede pescar en ningún lado de la provincia porque los que dicen quién pasa y quién no son los guardias privados”. Tener el carné habilitante al día ya no alcanza. “Hay muchos lugares que son públicos, pero como hay cotos de caza y pesca privados, tenés que pagar para entrar –sostuvo Nieddu–. Y en otros, directamente no pasás ya que sólo está permitida la entrada a turistas extranjeros a los que le cobran hasta dos mil dólares por día.”

En igual sentido se expresó Ángel González, titular de la Asociación Ríos Libres, entidad que brega por el derecho a acceder sin restricciones a las costas de los cursos de agua. A su hijo de 30 años, Cristian González, lo mataron de un balazo en el cuello el 30 de agosto de 2006, mientras pescaba con un amigo en el río neuquino Quilquihue, cerca del lago Lolog. Le disparó Horacio Calderón, custodio de un complejo de cabañas, que fue condenado a 13 años y medio de prisión. Gaspar Schroh, dueño de la cabaña que facilitó el arma, recibió dos años y medio en suspenso. Hoy está en libertad.

En diálogo con este diario, Ángel González describió la gravedad de una problemática que se repite en varios puntos de la Patagonia. “Los privados no sólo se adueñan de los lagos y los ríos sino que también de la vida de nuestro hijo por defender su negocio. La mayoría trabajan con turismo internacional y le ofrecen el servicio completo de pesca, caza o recreación. El cabañero no dejaba que la gente acampe ni pesque para garantizarles exclusividad a sus clientes”, afirmó González.

Pero no sólo en el sur estas apropiaciones son moneda corriente. También es muy frecuente en la zona del delta del Paraná, donde se asienta uno de los humedales más importantes del planeta. Allí, la modalidad es diferente pero los casos también se cuentan de a decenas.

El arroyo La Cruz, entre la localidad entrerriana de Victoria y la santafesina de Rosario, fue cerrado por un empresario ganadero, cortando por la mitad un enorme sistema de humedales con un endicamiento de dos metros de altura. Cerca de allí, otro productor agropecuario clausuró un arroyo navegable para poder llegar hasta su casa en 4x4.

Elba Stancich, coordinadora del Taller Ecologista Rosario, aseguró que “se construyen terraplenes removiendo el suelo para la construcción de un canal y a través de un sistema de bombas se regula el agua. Esto significa cerrar arroyos, tapar lagunas y cerrar el paso a la gente que estaba acostumbrada a ir a pescar a lugares de costa que hoy están interrumpidos”.

En el sur de Entre Ríos la historia se replica. Allí, Pedro Pou, ex presidente del Banco Central durante el menemismo, levantó un megaterraplén del mismo largo que la autopista Buenos Aires-La Plata, para evitar que las crecidas del río Gualeguaychú y Paraná inunden sus propiedades. Otro tanto sucede en Corrientes, provincia paradigmática en cuanto a la privatización del capital acuífero.

La treintena de casos que Tiempo pudo contabilizar en el mapa argentino dan cuenta del accionar de empresarios nacionales y extranjeros que se adueñan de recursos naturales públicos para garantizar sus negocios. Sin dudas, hay muchos más. Y esto sucede a cuatro meses de la reglamentación de la Ley de Tierras, que busca poner fin a este tipo de especulación de los privados y a la complicidad de los estados municipales y provinciales.

El caso del vice de Clarín
Mucho se habla de las millones de hectáreas que están en manos extranjeras, pero poco se dice de la batalla silenciosa que se está librando por el acceso a un recurso vital y cada vez más escaso como es el agua.

La provincia de Corrientes es emblemática en este sentido. Desde hace dos años, el magnate húngaro George Soros viene regando 4200 hectáreas de cultivos de arroz con aguas del río Paraná, aprovechando permisos precarios hechos a la medida de sus intereses.

En los Esteros del Iberá hace 25 años desembarcó la millonaria francesa Madame Beaux, que en 2010 construyó una represa para regar 1000 hectáreas de arroz, pero nunca presentó el estudio de impacto ambiental correspondiente. Por el uso de las aguas públicas, Beaux pagó menos de seis pesos por cada hectárea sembrada.

Cerca de allí, el norteamericano Douglas Tompkins tiene más de 200 mil hectáreas. Y si bien Tompkins asegura que no tiene interés en hacer uso comercial de la zona, hay quienes alertan acerca de la ubicación estratégica de sus campos: están sobre el acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más codiciadas del mundo.

En 2010, Tiempo Argentino reveló que, también en suelo correntino, José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, planeaba adueñarse del arroyo Ayuí para construir una represa en sociedad con Soros. Una vez más, el objetivo era usufructuar un recurso público para garantizar un negocio privado. El proyecto, que pretende inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de bosques en galería, ya fue desautorizado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y frenado por la Corte Suprema de Justicia.

Recursos hídricos

QUÉ DICE LA LEY
Según indica el artículo 2.340 del Código Civil argentino, están comprendidos entre los bienes públicos “los ríos, sus cauces, y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general”, como “los lagos navegables y sus lechos”.

Rosarionet.com.ar

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Agroindustria para exportación

Comparan represa Ayuí con emprendimiento hidroeléctrico

Por su dimensión y características, la senadora Blanca Osuna ingresó al Congreso un proyecto que condena la represa Ayuí grande que -a su visión- es equiparable a emprendimientos de represamiento con finalidad hidroeléctrica.



La senadora nacional sumó su enérgico rechazo al proyecto de inversión sobre el arroyo Ayuí Grande al que considera con una declaración en el Congreso una "flagrante violación a la normativa constitucional y legal en materia ambiental"

Su condena que fue girado para su tratamiento a la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Cámara alta.

La diferencia con una hidroeléctrica está en que en esta "el Estado quien provoca una intervención sobre lo público con la expresa finalidad de proveer de un servicio básico a la comunidad (la energía de red)", sugiere la legisladora.

Osuna asegura que la concreción del proyecto "pondría en serio riesgo a la biodiversidad" y "al sistema hídrico" al que tributa dicho arroyo, "afectando gravemente al ecosistema" tanto en provincias como en países vecinos.

La senadora dice que en consecuencia el proyecto de inversión en el departamento de Mercedes pondría en riesgo la calidad de vida de los habitantes de territorios territorios vecinos.

El dique que propone la empresa crearía un lago artificial que "sepultaría el curso del arroyo en aproximadamente 40 km de extensión, asfixiando sus bosques de ribera (...) desalojando a la fauna silvestre", destaca.

La senadora dice que el proyecto contraviene a la Ley De Presupuestos Mínimos De Protección Ambiental de Bosques Nativos Nº 26331, el Estatuto del Río Uruguay , el Código Civil de la Nación, la Ley General del Ambiente Nº 25.675, la Constitución de Corrientes y la Constitución nacional.

Publicado por Momarandu.com

Links relacionados

-Osuna denunció como “inconstitucional e ilegal” el proyecto de construcción de una represa en el arroyo Ayuí

- Proyecto para frenar la represa Ayuí.

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Ayuí: intimación de la Corte

Emplazó al gobernador colombi a informar sobre el proyecto

Los jueces quieren que brinde los datos sobre la polémica iniciativa del vice del Grupo Clarín en Corrientes, antes de resolver la denuncia del gobierno.

La Corte Suprema emplazó ayer al gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, a informar en un plazo de diez días qué tan avanzado se encuentra el proyecto productivo Ayuí Grande. El polémico emprendimiento del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y de George Soros, no sólo tendría aciagas consecuencias a nivel ambiental, sino que podría implicar un conflicto con Uruguay.

La iniciativa prevé la inundación de unas 8000 hectáreas de bosques protegidos sobre la cuenca del Arroyo Ayuí, a pocos kilómetros de los Esteros del Iberá, para irrigar otras 77 mil hectáreas destinadas al cultivo de arroz.

La decisión de la Corte responde a una demanda del gobierno nacional contra la provincia en la que solicita la interrupción de la obra y que “cese en su actitud omisiva y le haga entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto ambiental”. El máximo tribunal consideró que “dada la magnitud de la obra y sus posibles consecuencias sobre el Río Uruguay, que es un recurso natural de carácter interjurisdiccional, es necesario el acceso a esa información a los efectos de poder expedirse sobre su viabilidad”.

A pesar de la insistencia del gobierno y ahora de la justicia, los intereses arroceros parecen no darse por enterados de la resistencia al proyecto. El domingo pasado Colombi hizo, junto al presidente de la SRA, Hugo Biolcatti, una férrea defensa del emprendimiento del vicepresidente del Grupo Clarín.

En el acto inaugural de la 102ª Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Mercedes, Colombi afirmó: “Este gobierno va a apoyar cualquier proyecto productivo que quiera radicarse en la provincia” y señaló que las críticas a la Ley de Bosques (hecha a medida de intereses arroceros) “están frenando inversiones por $150 millones”.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Mercedes, Gerardo Condado, cargó contra quienes cuestionan la normativa y el proyecto de Aranda al señalar: “los haremos responsables de la pobreza en la provincia”.

Por el contrario, la diputada provincial María Inés Fagetti, recibió con agrado la resolución y señaló a Tiempo Argentino que “la Corte actuó muy rápido y de manera oportuna porque acá piensan seguir adelante”. Fagetti advirtió además que “hay una reacción muy fuerte por parte de los sectores productivos: sacan solicitadas, hacen conferencias de prensa y se muestran junto al gobernador defendiendo el proyecto”. “Están haciendo una defensa corporativa muy fuerte” sentenció Fagetti

Publicado por Tiempo Argentino

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Clarín destruye Corrientes

La TV pública (Canal 7) expone ante el público la usurpación de los recursos naturales correntinos por parte de empresarios nacionales asociados a multinacionales extranjeras

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Mercenarios de finísimos modales

A la fabricación en serie de falsos mensajes de “la gente” algunos la llaman libertad de expresión.

Por Eduardo Blaustein

La historia que se cuenta en estas páginas no sólo ayuda a describir cómo se construye opinión pública. Es el último y elocuentísimo grito –emitido por el propio accionar de sus implicados– que señala dónde y cómo opera el poder comunicacional. Revela las asimetrías determinadas por el dinero a la hora de manejar ese poder y las destrezas que se requieren para hacerlo. Cuestiona la transparencia y las presuntas buenas maneras de quienes lo detentan.

En su elegante página web la agencia La Ese se presenta como “una formación mutante que se adapta para responder a los sucesivos desafíos que le plantean los distintos escenarios que enfrenta”. Escrita en el lenguaje sobrio, eficaz y un tanto condescendiente que caracteriza al marketing comunicacional, dice también la presentación que “los equipos formados y dirigidos por Carlos Souto han sido y son protagonistas importantes del cambio en el lenguaje político latinoamericano de la última década, en la consolidación del dominio de lo audiovisual, y el desarrollo e integración de las diversas técnicas del marketing político”. De más está decir que la empresa se congratula por esos “cambios de lenguaje” y esos “dominios”. Otros los entendemos como parte de un problema que pinta para el lado de la tragedia cultural.

Dice la gente de La Ese acerca del concepto central de la campaña que pusieron en marcha para que Carlos Menem fuera presidente en 2003: “Basamos la estrategia en cambiar drásticamente el discurso, humanizar a Menem y presentar su futura tercera presidencia como la histórica, donde renunciará a cualquier interés personal”. Dice la agencia sobre otra estrategia de campaña que tuvo a cargo, la última de Francisco de Narváez: “Presentar al candidato como un hombre común, con planes para resolver los problemas de la provincia, que habla francamente y con convicción”.

Que la política se reduzca a la construcción de pequeñas ficciones astutas a esta gente le importa poco. Para decirlo con más finura: que los candidatos puedan ser redomados hijos de puta, amorales peligrosos, que puedan desplegar sus talentos para la destrucción de un país, esas no son responsabilidades de los publicistas, seres a quienes les sobra sofisticación como para entrar en razonamientos tan tristes. Que publicistas o empresarios mediáticos se pongan a disposición del mejor postor es un viejo y ceniciento asunto de corazones que atrasan. Ya sea que se hable de las agencias de publicidad nacionales o de la transnacional Burson & Masteller, contratadas por la dictadura de Videla para mejorar imagen. De quienes redactaron con el viejo estilo sensiblero de la revista Gente de los ’70 la solicitada firmada por Felipe y Marcela Noble (ver págs. 6 y 7). O de quienes sean que hayan alquilado sus talentos para reconvertir a la Shell –acusada de contratar mercenarios para asesinar activistas en Nigeria– en una petrolera preocupada por la preservación de la selva amazónica.

Pertenecer tiene sus privilegios. Hace unos años el teórico cultural francés Paul Virilio escribió: “Los medios de comunicación industriales disfrutan de una depravación singular de las leyes democráticas... Si no disponen a priori de la libertad de anunciar falsas noticias, nuestra legislación les concede en cambio el poder exorbitante de mentir por omisión, censurando y prohibiendo las que no les convienen o pueden dañar sus intereses”. La industria publicitaria disfruta de un privilegio aún mayor: goza de mayor prestigio social, aunque no necesariamente de consenso. La belleza de una buena publicidad está en lo más emblemático del lujoso imaginario del capitalismo tardío. Viejo truco de los reyes de la antigüedad a la hora de glorificar sus hazañas en estatuas, relieves y estelas, destreza llevada a nivel de espectáculo de masas por la iglesia católica a lo largo de dos mil años, la publicidad es arte de punta, el must de la modernidad, reservado a las mentes más abiertas, más talentosas, más audaces.

Pero aun cuando se trata de una profesión necesitada de sutilezas, de mediciones finas de impacto del lanzamiento de productos, de complejos galimatías sobre pautas de conducta y consumos, en las lógicas de largo aliento los publicitarios suelen trabajar no para lo nuevo sino para lo ya establecido. Y a veces apelando a la simplificación más primitiva. Es exactamente esto lo que hacen/hacían los equipos desplegados por la agencia de Carlos Souto, reforzando un clásico de la comunicación hegemónica. De un lado intelectuales o blogueros K “a sueldo del kirchnerismo”. Del otro ciudadanos indignados ante las desmesuras del Gobierno. De un lado la prepotencia totalitaria. Del otro el consensualismo y la santidad. Y aunque como nunca lluevan sobre las pampas misiles en masa contra un Gobierno, la libertad de expresión (¿así se le llama a la fabricación seriada de mensajes desde un call center?) está en riesgo.

Eran estos los foristas. Esta historia echa luz también a un asunto que en relación con lo anterior parece menor, pero tiene su miga. Se trata de nuevo de las responsabilidades de las empresas de comunicación masiva, incluyendo a las publicitarias. Como cualquiera en nuestro oficio, quien escribe, ya fuera trabajando en el diario Crítica de la Argentina o en Miradas, recibió en los foros (presuntos) de lectores la acusación de “a vos te pagan los K”. No es nada simpático ligar insultos gratis, especialmente cuando se apuesta a imprimirle un mínimo sentido de racionalidad, serenidad y justicia al debate de ideas.

La pregunta acerca de qué hacer con cieros foristas que –continuando una antigua tradición intoxicadora de los servicios de inteligencia– siembran violencia simbólica en las versiones digitales de los medios sigue por ahora reducida a las redacciones y cafés aledaños. Lo mismo respecto de una larga sospecha: cuántos de los que escriben son reales y cuántos provocadores, rentados, sacados, milicos o canas retirados, fanáticos militantes o no. ¿A quiénes representan realmente? ¿Esos tipos son “la gente”?

Ahora lo sabemos: una parte ardua de cuantificar de esos foristas hipotéticos y falsos repiqueteadotes radiales son empleados de la comunicación privada, sin pecado concebida. La misma que sostiene la necesidad de enaltecer los mejores valores ciudadanos. La que nunca crispa, no confronta, no prepotea. Pero seguimos diciendo “foro” y pensamos en una congregación de atenienses calmos inaugurando una democracia plácida. Y seguimos tratando a los oyentes radiales, por zarpados que estén, como fuente de toda razón y justicia.

Curiosa cultura de mercenarios discurseando sobre la beligerancia. Curiosas falluterías de una guerra por las conciencias. La que también aparece develada en la web de la empresa de Carlos Souto: “Hoy en día, La Ese está decidida a seguir invadiendo amigablemente el territorio más importante de las campañas en las que interviene: la cabeza y el corazón de quienes votan”.Y gracias, Señor, por la suavidad del adverbio: amigablemente.

Miradas al Sur

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Clarín censura el blog: www.quetepasaclarin.com

Clarín censura a un blog

Por Claudio Diaz

El padre celestial de la libertad de expresión, el impoluto fiscal del periodismo independiente, democrático y pluralista, o sea: el diario Clarín, vuelve una vez más a practicar la censura.Ahora ha recurrido a la Justicia para que se le prohíba a un grupo de periodistas ejercer su oficio como editores y redactores del sitio www.quetepasaclarin.com , creado en marzo de este año.

¿Puede sorprender la reacción del multimedia que viene alertando acerca del peligro que significaría para el país, y la humanidad toda, la sanción de una nueva Ley de medios de comunicación que reemplace a la que rige desde la última dictadura?En verdad, no.

Porque este grupo económico hizo del cinismo, el doble discurso y la hipocresía su razón de ser.Incluso, en esta arremetida contra el derecho de expresión de 10 hombres y mujeres de prensa, va por más.

A través de su bufete de abogados, pretende que el dominio creado a tales efectos, el quetepasa…, pase a ser de su exclusiva propiedad, alegando que el nombre de la marca le pertenece y que por lo tanto sólo puede ser utilizada por ellos.

El estudio que lo representa es nada menos que el de la dinastía Saénz Valiente, a su vez conectado con el despacho letrado de José Alfredo Martínez de Hoz, su hijo (del mismo nombre) y el primogénito del doctor Mariano Grondona, es decir, Marianito Florencio.

Nos preguntamos si tras esta movida para acallarnos, intentarán pedirle al Tribunal Internacional de La Haya que intervenga ante la Real Academia Española, exigiéndole que elimine de todos los diccionarios de habla castellana la palabra Clarín… pues sólo el Grupo está en condiciones de usarla.

(A propósito de España: allí existe el sitio diseccionando el país, por el diario de Madrid que realiza un trabajo similar al nuestro sin censuras, más allá de que a la empresa editora no le cause ninguna gracia).

Cuando allá por marzo último escuchamos al ex presidente Néstor Kirchner referirse en términos jocosos hacia el diario (el ya popular “¿Qué te pasa Clarín…?, ¿Estás Nervioso?), junto a un grupo de jóvenes periodistas decidimos crear el dominio para impulsar un espacio de análisis y reflexión que diera cuenta de la influencia que ejerce sobre nuestra comunidad lo que denominamos como Mediocracia, esto es: el sistema mediático constituido por los grandes grupos periodísticos que monopolizan en Argentina el negocio de la información y tratan de imponer el discurso y el pensamiento de los grupos de poder.

Lo hicimos aprovechando las nuevas herramientas de comunicación que se disparan desde la tecnología de estos tiempos, porque como tantísimos compatriotas carecemos de los medios económicos para poder solventar alguno de los espacios periodísticos tradicionales, como son el diario, la radio o la televisión.

Como exponentes del pensamiento nacional nos asiste ese derecho de manifestar nuestras opiniones y así lo hicimos desde el sitio.Todos saben, y el Grupo Clarín más que nadie, que no lanzamos un blog con fines comerciales.

No “vendemos” publicidad; no lucramos, no cobramos por escribir porque la nuestra es una tarea militante de esclarecimiento.En fin, como miles de amigos y colegas, no hacemos de nuestro ejercicio periodístico un negocio para posicionarnos como un emporio, un grupo de poder que después impone a la clase dirigente en su conjunto condiciones para que defienda sus apetitos e intereses económicos.

De allí que nos resulte absurdo, extravagante, patético y ridículo que el Grupo pretenda que nosotros queremos valernos de su nombre para facturar…Claro, como esa es la filosofía que lo anima, piensa que todos los demás buscamos esa misma guía para nuestra vida.

Lo que hicimos a lo largo de estos cuatro meses fue, simple y sencillamente, informar, contar lo que un medio como Clarín no cuenta; revelar sus relaciones con grupos de poder locales y extranjeros para que el pueblo sepa un poco más acerca de cómo, por qué y quién escribe la historia.

Demostramos con ejemplos concretos la manipulación informativa que lleva a cabo; la manera de instalar noticias; la vida interna en su propia redacción, cuando se obliga a los periodistas a decir lo que la empresa necesita decir.Nunca Clarín, en todo este tiempo, nos ha pedido explicaciones acerca de la veracidad de lo que publicamos.

Y tampoco lo hace en este caso.No, el argumento es que -usamos su marca…¿Habrá, entonces, que pedirle a todos los medios que se abstengan de mencionar, por ejemplo, la palabra Coca Cola, cuando refieren la lucha de los compañeros trabajadores camioneros que pelean contra la multinacional para que se les reconozcan sus derechos? En todo caso, debería ser el propio ex presidente Kirchner quien nos demande por haber utilizado una expresión de su autoría.

Porque efectivamente, como ya dijimos, el copyright del quetepasaclarin le corresponde a él.

Sabemos que el Grupo decidió recurrir a la Justicia en los primeros días de julio. No parece ser casual la fecha, pues en esos días habíamos reproducido las declaraciones del ex director del diario La Razón, José Pirillo, revelando que el CEO del grupo, Héctor Magnetto, le había confesado en su momento que los dos chicos (hoy jóvenes) adoptados por de una de las propietarias del holding, Ernestina Herrera de Noble, son hijos de un matrimonio argentino secuestrado y desaparecido en tiempos de la dictadura.

Tampoco parece ser casual que este acto de censura que ejerce Clarín se haga efectivo en los días previos a la salida de un libro que revela las relaciones del diario con sectores del gran capital mundial, y la alianza que tejió con el sector sojero agroexportador para impulsar en nuestro país el regreso a un modelo colonial, sin industrias ni movimiento obrero, con cabida para apenas 15 de los 40 millones de argentinos.Decidimos provisoriamente “salir de la pantalla” porque la Justicia nos advirtió que, de seguir haciendo uso de nuestro dominio en Internet, se nos aplicará una multa diaria de $ 500.

Como no tenemos los recursos para hacer frente a esa eventual erogación es que optamos por aceptar la orden judicial. Se nos ocurre que si hubiera que escribir el guión de esta historia para llevarla a la pantalla, la primera imagen que aparecería -trillada y todo- sería la de un ring.En un rincón nos vemos a nosotros mismos… Con toda la fuerza espiritual y las ganas de seguir revelando qué pasa en el lado oscuro de la luna (en el lado oscuro de Clarín).

Y eso, aunque no tengamos ni la estructura ni el poder mediático que se necesitaría para confrontar con posibilidades de éxito.En cambio, en el otro rincón vemos la opulencia de los poderosos, su soberbia.No hay equivalencia posible.Estamos hablando de dos categorías morales totalmente antagónicas.

Pero no nos importa, aceptamos el desafío.Porque a nosotros nos empuja no sólo una actitud virtuosa, sino la gran fuerza moral de millones de argentinos que, cada uno en su puesto de combate, también salen a pelearla todos los días contra quienes pretenden someterlos.Por eso nos vamos a parar en el centro del ring.

Y como ocurriera el año pasado, en medio de los aprietes de los Kirschbaum, los Roa, los Blanck y otros para no dejarnos expresar nuestras ideas y pensamientos, allí intercambiaremos golpes otra vez…Hoy estamos nuevamente fortalecidos por el apoyo y la solidaridad de miles de blogueros compañeros y hermanos; de una fabulosa cantidad de colegas que desde sus publicaciones escritas o programas radiales de FM’s barriales están alentándonos a no abandonar la lucha; de dirigentes sociales; de estudiantes; de trabajadores de fábricas y hasta de centros de jubilados.

Del pueblo, en una palabra. En cambio, mírenlos a ellos… Dan pena: achanchados de tanta gula, con sus arterias tapadas por la grasa del dinero que se engullen. Je…, los amantes de la libertad se convierten en violadores…Pero en fin, la Justicia dirá cómo sigue la confrontación.

Nosotros no bajamos la guardia y de última, si el gran gurú de la prensa independiente logra imponer la censura, seguiremos en la lucha.Y seguiremos desafiando al Grupo aunque cambiemos un poquito la pregunta:

¿Qué te pasa, Clarinete?

Agosto 4 de 2009

Claudio Díaz

diazdeoctubre@yahoo.com.ar
http://www.quetepasaclarin.com/

Fuente: http://www.nacionalypopular.com/

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Interferencias al grupo clarín, no eran los Kirchner

¿Que dirán ahora los que pedian una mesa de enlace para los multimedios?

Para tristeza de los amantes de las conspiraciones, los investigadores creen que las fallas en la señal de Artear, usuaria del satélite INTELSAT 3R, habrían sido provocadas por un ensayo técnico realizado por un operador centroamericano. Así lo informó INTELSAT, la empresa que controla desde EE.UU las señales satelitales. El origen sería Yucatán, Mejico. Curiosamente la denuncia ante la justicia no la hizo el grupo Clarín sino el propio interventor del COMFER, Juan Gabriel Mariotto.

Legisladores de la oposición señalaban al gobierno

Es curioso el tratamiento dado a éste hecho, magnificado tal vez por el marco de la discusión pública sobre la nueva legislación en materia de medios audiovisuales, que entre otras cosas proyecta la incorporación de nueva tecnología como la televisión digital que incorporará empresas de telefonía como proveedores de T.V; también establece un límite del 30% para operadores extranjeros y la incorporación de actores sociales tales como cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, sindicatos, etc; que hasta ahora tenían vedada su inserción en la actividad. Esto sin entrar en consideraciones estratégicas como el uso de tecnología japonesa, que permitirá mayor diversidad de canales.

Interferencias eran las de antes

En el año 1.999 sufrimos interferencias que provenían de un transmisor instalado en el tanque de agua del Hogar Escuela, una dependencia pública nacional. Tras una larga investigación sumada al acompañamiento popular (un acampe multitudinario de 24 horas) logramos que el juez federal finalmente se aviniera a ordenar el allanamiento del lugar.

El procedimiento lo realizó la gendarmería nacional verificando in totum nuestros dichos. El equipo (valuado en $60.000) fue secuestrado y puesto a disposición de la autoridad competente que parece no haber encontrado hasta hoy día al responsable, sin embargo, Julio Karauni, el técnico oficial de Tato Romero Feris, en aquél entonces filial del menemismo, profugó temporalmente a Paraguay hasta que el caso cayó en el olvido. Nunca hubo legisladores en conferencia de prensa para nosotros y de hecho, si no hubiera sido por el pueblo que nos acompañó jamás nos hubiéramos librado de las interferencias.

Fuente: Radio Fenix

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