El servicio militar sigue siendo obligatorio en la Argentina, pero la gran mayoría de la gente cree que no. A grandes rasgos se conoce la existencia de una ley que lo declaró voluntario en 1995, meses después que el crimen del conscripto Omar Carrasco desencadenara una serie de debates que supuestamente eliminaron el llamado compulsivo de las Fuerzas Armadas a integrar sus filas. Desesperadas, más que por contar con soldados para conflictos bélicos con el extranjero -en los que solían rendirse al segundo tiro-, por tener carne fresca para pintar cuarteles, barrer galpones o limpiar baños de los casinos de oficiales.
Aquella ley actualmente vigente, recordada como la del “Servicio Militar Voluntario”, es la 24.429, que no sólo no deroga su antecesora 17.531 de obligatoriedad a la instrucción, sino que además deja una puerta abierta para recurrir a esa norma en caso que el gobierno lo ordene.
La 24.429, recordada como “Ley Carrasco”, modificó la manera en que las tres Armas pasaron a nutrirse de personal. El sistema de sorteo para Marina, Fuerza Aérea y Ejército pasó a convertirse en inscripción abierta, decidida como opción por candidatos que elegían la carrera militar, reglamentada y con salario. Pero no significa, como se piensa generalmente, que la imposición a formar filas militares se haya desterrado definitivamente.
El resquicio lo facilita el artículo 19: "En el caso excepcional que no se llegaran a cubrir con soldados voluntarios los cupos fijados de acuerdo con el artículo 3, el Poder Ejecutivo podrá convocar, en los términos establecidos por la ley 17.531, a los ciudadanos que en el año de la prestación cumplan 18 años de edad y por un período que no podrá exceder de un año”. Y agrega: "Para realizar la convocatoria el Poder Ejecutivo deberá previamente requerir la autorización por ley del Congreso Nacional, expresando las circunstancias que motivan la solicitud y las razones por las cuales no pudieron cubrirse los cupos pertinentes.
Los ciudadanos que ingresen a las filas de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo previsto por el presente artículo, tendrán los mismos derechos y obligaciones enunciados en el artículo 2 y percibirán una retribución equivalente a la establecida en el artículo 4 de la presente ley”.
“NOSOTROS LA LLAMAMOS ‘LEY TRAMPA’”. Los antecedentes del SMO se remontan a comienzos del 1900 con la Ley de Vagos (o “de Leva”), mencionada por José Hernández en el Martín Fierro. La falta de soldados para contener a los indios en "fronteras" internas, y la necesidad de mano de obra para saladeros y grandes estancias, derivó en una norma con la que se combatió el "nomadismo, la delincuencia rural y el vagabundeo". El llamado obligatorio a integrar las fuerzas de seguridad de la época abarcó a varones de entre 18 y 40 años que no tuvieran propiedad ni trabajo estable, y tampoco pudieran acreditar ocupación. Algunos gauchos se salvaban: los que presentaban su "papeleta de conchabo" firmada por sus patrones.
"La excusa del poder –dice Horacio Verstraeten, uno de los impulsores de la derogación definitiva del SMO– era ‘emparejar’ a los ricos y pobres para ‘cumplir con la patria’. Con el invento de educar a los muchachos campesinos en los altos valores de la patria. Pero a su vez, la Leva tomaba cosas de lo ocurrido durante las guerras de la Independencia, cuando el esclavo entraba al Ejército y ese paso lo convertía en un hombre libre. El problema vino al finalizar los movimientos independentistas. ¿De qué manera se conseguirían hombres a partir de ese momento? Ahí vino la obligación, la imposición”.
Horacio Righi es otro de los que trabaja para modificar la reglamentación. "A la 24.429 también la llamamos ‘Ley Trampa’ –explica–, porque tiene pocos artículos que por lo general no se conocen, y uno especialmente que remite expresamente a la obligación de presentarse en un cuartel si el Estado lo requiere. Los tiempos cambiaron, pero la mentalidad militar, ese mandato cultural tan vinculado con la superioridad, el honor y lo correcto, nos sigue marcando. Siempre la ‘seguridad’ estuvo cómoda luchando contra fantasmas. En aquellos años el anarquismo, el socialismo y los movimientos comunistas. Y hoy podría ser lo que tan genéricamente se llama ‘delincuencia’ relacionada al pobre. El general Pablo Ricchieri decía que la instrucción militar moralizaba a la ciudadanía, por ejemplo".
LA PRIMERA PIEDRA TIRADA POR EL FOSMO.
En pleno conflicto de Malvinas, Eduardo Pimentel, co-fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se negó a que su hijo cumpliera el SM amparándose en el principio de patria potestad. En una carta enviada a Reynaldo Bignone, Stojan Tercic exigió lo mismo para su hijo Alejandro: "De acuerdo a mi conciencia y ejerciendo la autoridad de la patria potestad, he decidido no autorizar a mi hijo Alejandro responder al llamado de conscripción. Mi decisión está basada en la convicción de que el SM se opone a la ley de Dios, que dice ‘No matarás’, y no hay ley alguna superior a la ley de Dios". Lo mismo hizo Fernando Angel Portillo para con su hijo clase 1965. En un mensaje redactado a Raúl Alfonsín, ya en democracia, desconoció el Servicio por "imperativo de mi conciencia cristiana".
El debate derivó en la creación del Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio (FOSMO), una iniciativa pensada como "pluralista y ecuménica" que definía a la instrucción como un "severo régimen disciplinario con violencia física, psíquica y moral", sin que exista "posibilidad real de repelar los actos arbitrarios y humillantes" de las Fuerzas. En uno de sus documentos, titulado “Un derecho todavía violado”, Pedro Vendramín recordaba la creación del SMO en 1901. Y citaba expresiones del diputado Demaría en una conferencia dictada en el Colegio Militar por Manuel Carlés en 1915: "El oficial siente que la Nación le confía la redención del conscripto inculto, ignorante y perverso, argentino de nacionalidad pero bárbaro de condición, que constituye un peligro para la estabilidad social y una amenaza para nuestra cultura”.
LA CAMPAÑA POR LA ABOLICIÓN.
Son casi 500 los adherentes a la abolición del SMO iniciada en el 2009, y muchos de ellos aportaron ideas para un proyecto de Ley que derogue definitivamente a la 17.531. Apoyan instituciones y organismos de DDHH como CELS, SERPAJ, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, CEMIDA, APDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros. Y distintas personalidades y referentes sociales como Osvaldo Bayer, Miriam Lewin, Julio Morresi, Norman Briski, Teresa Parodi, Raúl Zaffaroni, Bernardo Alberte, Claudia Puyó, Rodolfo Mattarollo, Carlos Slepoy, Aldo Etchegoyen, Fernando Portillo, Mirta Mántaras, Sara Steimberg, Pablo Llonto, Stella Calloni y Julia D´Andrea Mohr.
"Evidentemente sabemos que bajo este contexto político –afirma Verstraeten–, es imposible que ocurra un llamado a formar tropas (ver recuadro), pero una de las características que tiene este país es pretender resolver las cosas una vez que explotaron. Aunque la gran mayoría de la gente no lo sepa, existen intereses muy fuertes para que la conscripción sea obligatoria, sobre todo en el interior. En las provincias, la colimba está relacionada con la fuerza del trabajo, los servicios, las prebendas. ¿Recordás el debate alrededor de la resolución 125? Se llegó a decir que si no había producción de carne, con las miles de vacas que tenía el Ejército alcanzaba para cubrir la demanda de toda la población. ¿Y quién cuida esas vacas, y la infraestructura militar en general? Por eso son tan ‘necesarios’los colimbas”. «
“La colimba es sinónimo de servidumbre y humillación”
La campaña para la derogación definitiva de la instrucción militar arrancó por casualidad, en la mesa de un bar. Ricardo Righi, Horacio Verstraeten y Gustavo Capra, tres conscriptos durante los años setenta, elegían temas para su programa de radio La voz de los colimbas (AM 1010 Onda Latina, jueves 18 a 20 hs.), hasta que uno dijo: "Che, el servicio sigue siendo obligatorio y nadie lo sabe. ¿Qué podemos hacer?" A partir de ese momento, mediados de 2009, el grupo consiguió casi 500 adhesiones a la idea, que apunta como objetivo final a que el Congreso de la Nación apruebe una ley en remplazo de la actual. Que deja abierta la puerta para un llamado compulsivo de ciudadanos, dato que la mayoría de la gente no conoce.
–¿Qué fue lo primero que hicieron?
R.R.: –En la radio hablábamos de temas generales que tenían que ver con la problemática del conscripto, la cuestión de los ex combatientes en Malvinas, y algo que es central: los colimbas secuestrados durante la dictadura militar. Fijate que hasta hace muy poco tiempo, esos pibes desaparecidos después del golpe de Estado de 1976 eran considerados "desertores", y nadie se ocupaba de ellos. Pero la cosa cambió cuando Nilda Garré fue ministra de Defensa.
–Coincidió con una convocatoria de Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de DDHH de la Nación, para que aquellos que habían realizado la instrucción en esos años contaran lo que habían visto.
H.V.: –Sí, fue una forma de decirnos "muchachos, pierdan el miedo". Con respecto a la campaña, empezamos a trabajar para la derogación desde distintos lados. Armamos un blog, derogaciondelsmo.blogspot.com, fuimos pidiendo apoyos de instituciones y personalidades, y al mismo tiempo organizamos charlas con diputados y senadores. Hay que advertirle a la gente que el servicio militar sigue siendo obligatorio, que la denominada Ley Carrasco es sólo una suspensión del llamado, y que la norma vigente deja una puerta abierta para la convocatoria.
R.R.: –Pero además, lo importante es entender lo que el SMO representa como mensaje, en un país donde el autoritarismo y la represión fueron permanentes.
H.V.: –Yo creo que sin colimbas, los militares no podrían haber tenido detenidos desaparecidos durante años. Me refiero a la tremenda estructura que debían mantener en aquel tiempo. Eran los colimbas los que cocinaban, los que limpiaban, y hasta los que se encargaban de las revisaciones médicas. Si ibas al consultorio, a lo mejor el que te recibía era un pibe como vos, que había pedido prórroga y se desempeñaba como oficial de reserva o aspirante. Es muy difícil contar esto a un chico que hoy tiene 18 años, y que no conoce el poderío que la clase militar llegó a tener en este país.
–Es imposible que dentro del contexto político actual exista un llamado obligatorio. Pero ustedes explican, en los espacios de difusión, lo importante que es adelantarse a los problemas.
H.V.: –Porque toda ley es una construcción abstracta que imagina un futuro, y en materia civil hay ejemplos claros de eso, como los avances en el matrimonio igualitario. Vos tratás de reglamentar ese futuro, considerando distintas variables. Por supuesto, no hay ningún tipo de posibilidad de que el kirchnerismo llame masivamente a la colimba, pero cuidado, porque existen otros sectores que trabajan para eso. ¿Por qué no tenerlo en cuenta? ¿Siempre vamos a estar atrás de los acontecimientos, desesperándonos por solucionarlos cuando ya ocurrieron? Uno de los que militan para el servicio militar obligatorio es el diputado salteño Alfredo Olmedo, por ejemplo. La cuestión es más compleja, hay muchos intereses detrás de esto.
–¿Por qué?
H.V.: –Como aclaración, digamos que detrás del SMO hay mitos y falsas creencias que es necesario desenmascarar de una vez por todas. El discurso oficial histórico en este país marcaba que la conscripción ofrecía igualdad, y eso es mentira. Porque si afuera hay ricos y pobres, adentro de los regimientos también. Lo primero que te preguntaban era qué sabías hacer, y si conocías de costura, escribías o te manejabas en determinado oficio, no salías más, porque eras útil. Al contrario, se discriminaba a los otros, condenados a barrer o limpiar baños. Siempre la colimba fue sinónimo de servidumbre y humillación, vos "le servías" a un militar, eras su esclavo. Y bajo circunstancias increíbles, porque a lo mejor, un pibe de 18 años estaba mejor formado que un oficial de 20, y sin embargo ese mismo oficial lo denigraba permanentemente.
–¿Cuáles son los próximos pasos?
R.R.: El objetivo último es que el Congreso aprueba una ley definitiva que no deje lugar a interpretaciones distintas: el servicio no es obligatorio, y punto. Queremos informar a la gente, aclararle que si no cambiamos esto, alguien podría convocar a los pibes en un futuro, y tendría respaldo legal para hacerlo si no nos movemos a tiempo.
Tiempo Argentino
