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22.9.10

El BCRA no le da el visto bueno a los directores

EL GOBIERNO DE COLOMBI ANALIZA AMPLIAR A CINCO EL DIRECTORIO
El caso de supuesto lavado de dinero manchó el prestigio de la entidad financiera local. Igual que en 2003, el Central no aprueba los pliegos de los actuales directores del Banco de Corrientes.


Este caso de supuesto lavado de dinero no sólo desprestigió al Banco de Corrientes S.A. y su directorio de entonces, sino que también hizo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) siga con lupa todos los pasos que dio la entidad desde entonces. A tal punto que actualmente están en trámite otras investigaciones de posibles actuaciones irregulares.

Un dato llamativo de aquella época es que el entonces presidente, Alejandro Retegui, y los directores Fabián Pezzarini y Jorge Castro (nombrados en la primera gestión de Ricardo Colombi), no tuvieron la aprobación del BCRA. No reunían las condiciones exigidas por el BCRA: no tenían antecedentes en actividades bancarias y les faltaba capacidad o idoneidad, según el Central.


Recién en 2004 ese directorio -integrado en 2002- recibió el visto bueno del BCRA; luego de que se incluyeron como autoridades del Banco de Corrientes S.A a Ricardo Iglesias y Mario Cortesi, dos funcionarios que fueron traídos de otras jurisdicciones para darle al banco local el porcentaje de idoneidad que requería el Central.

La misma situación se repite hoy. La entidad madre que regula la actividad de los bancos de todo el país tampoco aprobó los pliegos del actual directorio del Banco de Corrientes S.A.; que está presidido por Alejandro Abrahan, seguido por Roberto Manuel Demonte y Rafael Alberto Rosetti-.


Tampoco pasaron la evaluación del BCRA los síndicos Carlos Lascurain, Domingo Gómez Sierra y Rosa Pasetto; ni el nuevo Gerente General, Carlos Gustavo Macoratti. Por eso, todas estas autoridades de la entidad crediticia correntina permanecen en comisión, lo que no es un gran problema, simplemente una debilidad institucional.
Estas nuevas autoridades asumieron en sus cargos el 30 de abril de 2010, propuestos en la Asamblea General Ordinaria Nº99 de accionistas del Banco de Corrientes S.A.; por el ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres -representante del Estado correntino, que es dueño del 96% de las acciones de la entidad financiera -.


Ahora el Gobierno está analizando la idea de ampliar a cinco la cantidad de directores del Banco de Corrientes S.A. y colocar los suplentes que tampoco están nombrados. Una salida similar a la que el actual Ministro de Hacienda y el Gobernador tomaron en 2004 -cuando se incluyeron como autoridades del Banco de Corrientes a dos personas que tenían antecedentes bancarios, para darle al Banco de Corrientes S.A el porcentaje de idoneidad que requiere el BCRA

Publicado por Diario Epoca

8.6.10

¿Lavado de dinero en el Corrientes S.A.?

La entidad crediticia provincial sigue en la lupa del Banco Central de la República Argentina. Denuncias por supuestos lavados de dinero y operaciones sin comunicar a la AFIP, saquean al Corrientes S.A. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habría descubierto operaciones ilegales en la entidad crediticia provincial que se mantuvieron bajo un total hermetismo por algunos años. Hay sospechas de lavado de dinero. La causa del supuesto enriquecimiento ilícito de Diego Mosquera, ex secretario privado del otrora gobernador Arturo Colombi, que habilitó una auditoria del BCRA, brotó también algunos ingredientes que estaban escondidos.

Los ilícitos sucedieron en las sucursales Paso de los libres y Capital Federal por la venta de unos 640 mil dólares en el 2003. Las acusaciones se apoyan en la compra de la moneda americana por personas que supuestamente pertenecían a planes sociales. Indigentes que después de cobrar su beneficio pasaban por ventanilla a hacerse de los famosos billetes verdes. Algo sumamente inaudito. Esas personas, en su mayoría indigentes, jamás canjearon su magro dinero.

Hay datos que el 29 de mayo de 2003 el Gerente de Supervisión de la entidad bancaria madre del país, mantuvo un ríspido encuentro con el entonces presidente del Corrientes S.A. Alejandro Retegui. La charla giró sobre el sumario iniciado en lo financiero y en lo penal cambiario al banco correntino. Se le advertiría que las operaciones descubiertas en Libres y Buenos Aires, integraban la comisión de los delitos de encubrimiento y lavado de dinero. Hubo un acta de la reunión. La firmaron ambos funcionarios, pero aquel documento nunca sería puesto en conocimiento, ni consideración del directorio ni de la línea gerencial. Todos recién se enteraron cuando tuvieron que declarar en las actuaciones sumariales.


Hasta septiembre de 2004 el Directorio integrado en el 2002 (Alejandro Retegui, Fabián Pezzarini y Jorge Castro) no fue aprobado por el Banco Central. Recién se destrabaría el acuerdo cuando se incluyeron como autoridades a Ricardo Iglesias y Mario Cortesi, dos funcionarios traídos de otras jurisdicciones para aportar el porcentaje de idoneidad requerido por el BCRA.

En 2006, Cortesi se tuvo que ir por diferencias insostenibles con Retegui. El 5 de de mayo de ese año, antes de la asamblea para renovar autoridades, la línea gerencial del Corrientes objetó a la entonces administración bancaria, mediante notas enviadas al entonces gobernador Arturo Colombi, al nuevo titular de Hacienda Sergio Tressens y al gerente de entidades financieras del BCRA, Carlos Di Donato. Las impugnaciones estaban centradas en la mala o nula conducción y en los sumarios del Banco Central.

De la última auditoria, consecuencia de la investigación judicial del caso Mosquera, se descubrió que alrededor de 70.000 operaciones no le fueron comunicadas a la Administración de Ingresos Federales (AFIP).

CESANTIA MASIVA

La impugnación a Alejandro Retegui no tendría éxito. 11 gerentes fueron echados del banco. Solo se quedarían Orlando sosa, Federico Gelmi y Gustavo Macoratti. Sosa sería inculpado entre comillas, en el suceso de las cajas de ahorro de Diego Mosquera y su esposa Verónica Brest. Se le indemnizó un buen dinero y viajó a los Estados Unidos.


En la actualidad hay acciones en la justicia Federal derivada del sumario 1107 (ley penal cambiaria) y actuaciones presumariales del BCRA: a) por exceso de gastos y erogaciones; b) por incumplimiento del plan de saneamiento y c) por la reinformatización del Banco de Corrientes S.A.

Retegui se fue en diciembre de 2006, jaqueado no sólo por las denuncias que pesaban en su contra, sino por las pérdidas del banco, entre las cuales estaban los gastos de la fundación y el crédito fallido a Calimboy S.A. (arrocera entrerriana). Y la etapa Tressens/Costaguta es para un catálogo aparte.

Según la notificación del BCRA la sanción que le cabría al Banco de Corrientes se encuadra en la ley penal cambiara artículo 2 inciso c, d y f; y comprende entre uno y ocho años de prisión en caso de reincidencia. Para la entidad crediticia local, la pena podría acarrear la suspensión o cancelación de la autorización para operaciones de cambio por el término de 10 años.


Tres sumarios

1) Nº 1107 por incumplimiento de la normativa referente a la prevención de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas en paso de los libres y capital federal (expediente 100.595/03); 2) Nº 1086 por incumplimiento en la presentación de regímenes informativos (expediente 381.118/04) y 3) Nº 1122 por incumplimiento de las normas mínimas sobre controles internos (expediente 110.106/05)


Los nombres

Los firmantes de la impugnación a Alejandro Retegui fueron: Luís Zamora, Víctor Hugo Sandoval, Luís Enrique Godoy, Guillermo Arqué, Carlos Federico Gelmi, María Mercedes Falcón, Daniel Alberto Fallone, Gustavo Rafael Montenegro, Olga Ibáñez, Silvana Francovig, Orlando Sosa, Mariela Torres Frías, Carlos Gustavo Macoratti, Horacio Taffarel. Algunos de los nombrados al ser despedidos le iniciarían juicios onerosos al Banco de Corrientes S.A. con resultado positivo.

En el caso maniobras ilegales con dólares (sumario 1107), para el BCRA los responsables son: Alejandro Retegui (ex presidente), Fabián Pezzarini (vice y titular de la comisión interna de lavado), Jorge Antonio Castro (director); los gerentes Orlando Sosa, Mario Cesar Benítez, Roberto Antonio Pardo, Griselda Romero Delfino y los síndicos Orlando Costaguta, Julio Manzanelli y Rubén Adolfo Aquino.



La responsabilidad deriva del incumplimiento de normativa antilavado, ignorada o violada, sobre la previsión del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Consecuencias

La saga 2010 del Banco de Corrientes se reinicia con la amnistía a la administración Costaguta/Tressens, pero quedan los informes de auditoria Deloitte, que representan situaciones presumariales nuevas y graves como así también las causas iniciadas por el Central en 2003, 2004 y 2005 cuyas consecuencias, derivadas de la ley penal cambiara, pueden ser la aplicación de multas e inhabilidades para ejercer cargos llegando a prisión en caso de reincidencia y al Banco de Corrientes S.A., multas e inclusive la cancelación del permiso para funcionar como entidad financiera.

Diario 1588

15.3.10

Las pruebas del dinero

Dos días antes de que Juez fuese consagrado senador nacional, junto con su hermanos mellizo Daniel fue autorizado por el Bank of America para pedir el balance (en inglés; es decir, el saldo) de la cuenta de Lantral Inc. y tuvo la sabrosa respuesta: U$S 751.116,81. Eso no es todo...

Senador Luis Juez, ¿podremos charlar cinco minutos de la causa sobre supuesta malversación de fondos?

–Sí, yo no tengo problema, contesto de todo ¿De qué medio sos?

–De Miradas al Sur.

-¡Ah! Entonces hacete cargo vos de la operación. No, no. Yo no voy a contestar giladas, y menos cuando es una operación.


El diálogo ocurrió el jueves pasado, después de que Página 12 había publicado la denuncia radicada en el Juzgado de María Romilda Servini de Cubría sobre unos cinco millones de dólares de los que Juez no se hace cargo. En esa entrevista, con el humor que lo llevó a las grandes ligas, el senador dijo: “¿Cómo voy a tener cinco palos? ¡No tengo ni cinco escarbadientes!”.




Este periódico está en condiciones de aportar datos contundentes que no fueron revelados y que comprometen seriamente al dirigente opositor cordobés.





El viernes 12 de junio, dos semanas y dos días antes de que Juez fuese consagrado senador nacional, los hermanos mellizos Luis y Daniel Juez fueron autorizados por el Bank of America para pedir el balance (en inglés; es decir, el saldo) de la cuenta de Lantral Inc. y tuvieron la sabrosa respuesta: U$S 751.116,81. Cabe aclarar que el Bank of America no tiene oficinas comerciales en Argentina y que la sociedad para la cual Juez pidió el saldo al llevar la palabra Inc. (Incorporated) se refiere a una sociedad anónima pero no registrada en Argentina sino en algún lugar donde las compañías se registran en inglés.


Es decir, se trató de una operación off shore, de dinero de una sociedad inscripta en algún otro lugar del planeta y en una cuenta de un banco que no opera en Argentina. Lo que no pudo confirmar Miradas al Sur es si el dinero tuvo como destino la Argentina (en el último tramo de la campaña electoral, con los gastos no siempre legales que hacen muchos candidatos) o algún otro destino.


En cambio, este periódico sí pudo confirmar que 11 minutos después, los mellizos Juez realizaron una operación melliza. Esta vez a través del Delta Bank y también para Lantral Inc. El saldo de esa cuenta no estaba nada mal: U$S 1.418.151,36. El Delta Bank tiene su casa matriz en Nueva York y sucursales en algunos paraísos fiscales, como Ginebra, Suiza, y las Islas Caimán. En su página web corporativa advierte: “Nos preocupamos por desarrollar una especial relación con nuestros clientes basada en una combinación única de tradición, experiencia y confianza.


Nuestro servicio personalizado tiene por objeto crear un ambiente ideal donde la comodidad, discreción y eficiencia juegan un papel prioritario”.Una hora y media antes de los requerimientos de saldo de Luis y Daniel Juez, este último, hizo una operación similar, nada más que junto a Martín Cartada.


Juez y Cartada fueron autorizados en esa oportunidad por el BNP Paribas & Trust Bahamas Ltd. a conocer el balance de la cuenta que Displak Inc. (otra sociedad anónima inscripta fuera de la Argentina) y el resultado fue formidable. Nada menos que U$S 2.921.114,81.
La defensa de Juez ante el intento de Miradas al Sur de conocer su versión sobre esto tiene dos puntos muy interesantes.


El primero es que Juez dice defender la libertad de prensa y no tuvo empacho en descalificar a este periódico porque, a su criterio, el intento de profundizar esta investigación, estamos “haciendo una operación”. Juez fue síndico en Papel Prensa, un monopolio cuyo accionista mayoritario es el Grupo Clarín, que le brinda un apoyo comunicacional formidable. El segundo es que no tiene “ni cinco escarbadientes”.


Este periódico intentó conocer qué bienes había declarado Juez en la declaración jurada obligatoria que debe realizar ante el Senado de la Nación. Sin embargo, el senador cordobés todavía no presentó su declaración jurada ante la Cámara alta. El generoso protocolo de esa casa les da una gracia de 365 días a los senadores para presentar un informe de sus bienes. De modo que no incumplió con los reglamentos. Por otra parte, al tratarse de dineros de sociedades anónimas off shore movidos por bancos que no operan en Argentina, los trámites judiciales para confirmar fehacientemente los datos consignados en este artículo pueden demorarse varios meses.


La jueza Servini de Cubría deberá recabar la información de parte de las entidades financieras mencionadas y, hasta tanto reciba la corroboración de esta denuncia, Juez “es inocente”. Eso no obsta para que muchos de quienes confían en su discurso tan meticulosamente ético empiecen a preguntarse qué esconde tanto humor o de quién se ríe Juez.
Miradas al Sur

14.4.09

¿Testaferros para edificar en la ciudad?



Sólo en tres años se erigieron más de 300 edificios en la ciudad de Corrientes. Desde el año 2005 se construyó en un promedio de 100 edificios por año, según un relevamiento del Suteryh. Los aparentes propietarios de estos edificios y las constructoras que los erigieron, estarían estrechamente ligados a los altos funcionarios del gobierno

Lo publicó días atrás el diario ‘El Litoral’, ejemplificando que el ‘Cambá Cuá’ es el barrio que tuvo el mayor crecimiento de estas estructuras.

Justamente en este lugar de la ciudad se muestran las inversiones más grandes, imponentes e impactantes.

Una de ellas la conforman los edificios ‘PILAR I’ y ‘PILAR II’, dos moles ubicadas por la calle Chaco, en pleno corazón de una de las barriadas más antiguas de la Ciudad de Vera.

Hasta donde pudo averiguar diario Informe 1588, los aparentes propietarios de esos edificios y las constructoras que los erigieron, estarían estrechamente ligados a los altos funcionarios del gobierno, (actuales y ex).
Diario1588.com