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22.9.10

El BCRA no le da el visto bueno a los directores

EL GOBIERNO DE COLOMBI ANALIZA AMPLIAR A CINCO EL DIRECTORIO
El caso de supuesto lavado de dinero manchó el prestigio de la entidad financiera local. Igual que en 2003, el Central no aprueba los pliegos de los actuales directores del Banco de Corrientes.


Este caso de supuesto lavado de dinero no sólo desprestigió al Banco de Corrientes S.A. y su directorio de entonces, sino que también hizo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) siga con lupa todos los pasos que dio la entidad desde entonces. A tal punto que actualmente están en trámite otras investigaciones de posibles actuaciones irregulares.

Un dato llamativo de aquella época es que el entonces presidente, Alejandro Retegui, y los directores Fabián Pezzarini y Jorge Castro (nombrados en la primera gestión de Ricardo Colombi), no tuvieron la aprobación del BCRA. No reunían las condiciones exigidas por el BCRA: no tenían antecedentes en actividades bancarias y les faltaba capacidad o idoneidad, según el Central.


Recién en 2004 ese directorio -integrado en 2002- recibió el visto bueno del BCRA; luego de que se incluyeron como autoridades del Banco de Corrientes S.A a Ricardo Iglesias y Mario Cortesi, dos funcionarios que fueron traídos de otras jurisdicciones para darle al banco local el porcentaje de idoneidad que requería el Central.

La misma situación se repite hoy. La entidad madre que regula la actividad de los bancos de todo el país tampoco aprobó los pliegos del actual directorio del Banco de Corrientes S.A.; que está presidido por Alejandro Abrahan, seguido por Roberto Manuel Demonte y Rafael Alberto Rosetti-.


Tampoco pasaron la evaluación del BCRA los síndicos Carlos Lascurain, Domingo Gómez Sierra y Rosa Pasetto; ni el nuevo Gerente General, Carlos Gustavo Macoratti. Por eso, todas estas autoridades de la entidad crediticia correntina permanecen en comisión, lo que no es un gran problema, simplemente una debilidad institucional.
Estas nuevas autoridades asumieron en sus cargos el 30 de abril de 2010, propuestos en la Asamblea General Ordinaria Nº99 de accionistas del Banco de Corrientes S.A.; por el ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres -representante del Estado correntino, que es dueño del 96% de las acciones de la entidad financiera -.


Ahora el Gobierno está analizando la idea de ampliar a cinco la cantidad de directores del Banco de Corrientes S.A. y colocar los suplentes que tampoco están nombrados. Una salida similar a la que el actual Ministro de Hacienda y el Gobernador tomaron en 2004 -cuando se incluyeron como autoridades del Banco de Corrientes a dos personas que tenían antecedentes bancarios, para darle al Banco de Corrientes S.A el porcentaje de idoneidad que requiere el BCRA

Publicado por Diario Epoca

8.6.10

¿Lavado de dinero en el Corrientes S.A.?

La entidad crediticia provincial sigue en la lupa del Banco Central de la República Argentina. Denuncias por supuestos lavados de dinero y operaciones sin comunicar a la AFIP, saquean al Corrientes S.A. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habría descubierto operaciones ilegales en la entidad crediticia provincial que se mantuvieron bajo un total hermetismo por algunos años. Hay sospechas de lavado de dinero. La causa del supuesto enriquecimiento ilícito de Diego Mosquera, ex secretario privado del otrora gobernador Arturo Colombi, que habilitó una auditoria del BCRA, brotó también algunos ingredientes que estaban escondidos.

Los ilícitos sucedieron en las sucursales Paso de los libres y Capital Federal por la venta de unos 640 mil dólares en el 2003. Las acusaciones se apoyan en la compra de la moneda americana por personas que supuestamente pertenecían a planes sociales. Indigentes que después de cobrar su beneficio pasaban por ventanilla a hacerse de los famosos billetes verdes. Algo sumamente inaudito. Esas personas, en su mayoría indigentes, jamás canjearon su magro dinero.

Hay datos que el 29 de mayo de 2003 el Gerente de Supervisión de la entidad bancaria madre del país, mantuvo un ríspido encuentro con el entonces presidente del Corrientes S.A. Alejandro Retegui. La charla giró sobre el sumario iniciado en lo financiero y en lo penal cambiario al banco correntino. Se le advertiría que las operaciones descubiertas en Libres y Buenos Aires, integraban la comisión de los delitos de encubrimiento y lavado de dinero. Hubo un acta de la reunión. La firmaron ambos funcionarios, pero aquel documento nunca sería puesto en conocimiento, ni consideración del directorio ni de la línea gerencial. Todos recién se enteraron cuando tuvieron que declarar en las actuaciones sumariales.


Hasta septiembre de 2004 el Directorio integrado en el 2002 (Alejandro Retegui, Fabián Pezzarini y Jorge Castro) no fue aprobado por el Banco Central. Recién se destrabaría el acuerdo cuando se incluyeron como autoridades a Ricardo Iglesias y Mario Cortesi, dos funcionarios traídos de otras jurisdicciones para aportar el porcentaje de idoneidad requerido por el BCRA.

En 2006, Cortesi se tuvo que ir por diferencias insostenibles con Retegui. El 5 de de mayo de ese año, antes de la asamblea para renovar autoridades, la línea gerencial del Corrientes objetó a la entonces administración bancaria, mediante notas enviadas al entonces gobernador Arturo Colombi, al nuevo titular de Hacienda Sergio Tressens y al gerente de entidades financieras del BCRA, Carlos Di Donato. Las impugnaciones estaban centradas en la mala o nula conducción y en los sumarios del Banco Central.

De la última auditoria, consecuencia de la investigación judicial del caso Mosquera, se descubrió que alrededor de 70.000 operaciones no le fueron comunicadas a la Administración de Ingresos Federales (AFIP).

CESANTIA MASIVA

La impugnación a Alejandro Retegui no tendría éxito. 11 gerentes fueron echados del banco. Solo se quedarían Orlando sosa, Federico Gelmi y Gustavo Macoratti. Sosa sería inculpado entre comillas, en el suceso de las cajas de ahorro de Diego Mosquera y su esposa Verónica Brest. Se le indemnizó un buen dinero y viajó a los Estados Unidos.


En la actualidad hay acciones en la justicia Federal derivada del sumario 1107 (ley penal cambiaria) y actuaciones presumariales del BCRA: a) por exceso de gastos y erogaciones; b) por incumplimiento del plan de saneamiento y c) por la reinformatización del Banco de Corrientes S.A.

Retegui se fue en diciembre de 2006, jaqueado no sólo por las denuncias que pesaban en su contra, sino por las pérdidas del banco, entre las cuales estaban los gastos de la fundación y el crédito fallido a Calimboy S.A. (arrocera entrerriana). Y la etapa Tressens/Costaguta es para un catálogo aparte.

Según la notificación del BCRA la sanción que le cabría al Banco de Corrientes se encuadra en la ley penal cambiara artículo 2 inciso c, d y f; y comprende entre uno y ocho años de prisión en caso de reincidencia. Para la entidad crediticia local, la pena podría acarrear la suspensión o cancelación de la autorización para operaciones de cambio por el término de 10 años.


Tres sumarios

1) Nº 1107 por incumplimiento de la normativa referente a la prevención de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas en paso de los libres y capital federal (expediente 100.595/03); 2) Nº 1086 por incumplimiento en la presentación de regímenes informativos (expediente 381.118/04) y 3) Nº 1122 por incumplimiento de las normas mínimas sobre controles internos (expediente 110.106/05)


Los nombres

Los firmantes de la impugnación a Alejandro Retegui fueron: Luís Zamora, Víctor Hugo Sandoval, Luís Enrique Godoy, Guillermo Arqué, Carlos Federico Gelmi, María Mercedes Falcón, Daniel Alberto Fallone, Gustavo Rafael Montenegro, Olga Ibáñez, Silvana Francovig, Orlando Sosa, Mariela Torres Frías, Carlos Gustavo Macoratti, Horacio Taffarel. Algunos de los nombrados al ser despedidos le iniciarían juicios onerosos al Banco de Corrientes S.A. con resultado positivo.

En el caso maniobras ilegales con dólares (sumario 1107), para el BCRA los responsables son: Alejandro Retegui (ex presidente), Fabián Pezzarini (vice y titular de la comisión interna de lavado), Jorge Antonio Castro (director); los gerentes Orlando Sosa, Mario Cesar Benítez, Roberto Antonio Pardo, Griselda Romero Delfino y los síndicos Orlando Costaguta, Julio Manzanelli y Rubén Adolfo Aquino.



La responsabilidad deriva del incumplimiento de normativa antilavado, ignorada o violada, sobre la previsión del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Consecuencias

La saga 2010 del Banco de Corrientes se reinicia con la amnistía a la administración Costaguta/Tressens, pero quedan los informes de auditoria Deloitte, que representan situaciones presumariales nuevas y graves como así también las causas iniciadas por el Central en 2003, 2004 y 2005 cuyas consecuencias, derivadas de la ley penal cambiara, pueden ser la aplicación de multas e inhabilidades para ejercer cargos llegando a prisión en caso de reincidencia y al Banco de Corrientes S.A., multas e inclusive la cancelación del permiso para funcionar como entidad financiera.

Diario 1588