Aquino Britos insiste con el proyecto de restricción de inmunidades parlamentarias-
El diputado radical Armando Aquino Britos presentó a la consideración de sus pares, “por cuarta vez”, el proyecto de restricción de inmunidades parlamentarias que busca modificar artículos del Código Procesal Penal "dudosa" constitucionalidad.
Habida cuenta que generan “una notoria e irritante desigualdad que se asemeja bastante a un fuero personal” a favor de “los legisladores, jueces, funcionarios judiciales, gobernador y sus ministros”.
El legislador integrante del Bloque “Leandro N Alem” de la Cámara baja local, remarca que el proyecto de ley “tiene la sola intención de mejorar la calidad institucional de la Provincia a través de una reforma política e institucional” y su insistencia, aclara, responde “a una profunda concepción republicana y nos lo impone nuestra identidad cívica, nos demanda la sociedad, y es un imperativo ético insoslayable”.
Cabe recordar que artículos l96 a l99 del Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, imponen el privilegio de no concurrir a una cita judicial, en tanto que la propuesta de Aquino Britos, “permite al legislador, funcionario o magistrado concurrir de manera espontánea ante el juez competente sin necesidad de escudarse en los mecanismos cuestionados que resultaban una égida para el funcionario y un verdadero obstáculo para la prosecución del proceso y la dilucidación de la verdad real, fin cardinal de todo proceso para que a través del derecho se haga justicia”.
Menciona al igual que los artículos 189,190, y 191 de Código similar de la Nación y que fuera zanjado por la ley Nº 25.320, que terminó con los privilegios en el fuero Federal. Fundamenta su presentación en que “hay que terminar con la falta de transparencia sin menoscabo de ninguna garantía constitucional y sin la formación de prejuicios”.
Advierte que “nada tiene que ver con la protección funcional de la actividad que despliegan los diferentes órganos del Estado. Puede encontrar en este proyecto –remarca- el equilibrio adecuado, pues se protege la función que desempeñan los magistrados, legisladores y funcionarios, y se despeja la bruma de duda que envuelve a las gestiones públicas que merced a la redacción del Código de Procedimientos en la especie, en la forma y modo que lo trata, deja perenne el debate sobre la constitucionalidad su tratamiento y disposiciones”.
“Proteger la función pública –afirma- no debe significar inmunidad de proceso y menos aun soslayar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva a través de un proceso, de allí la protección de la actividad funcional sobre sus papeles privados, y la limitación sobre allanamientos sobre el lugar donde desempeña la labor el funcionario involucrado judicialmente, debiendo ser la cámara de diputados como órgano acusador en el juicio político quien permita sumariamente la obtención de una prueba que se considera vital, como se propone en el artículo tercero del presente proyecto”.
Insiste que a través de la reforma propuesta “además de defender la libertad como principal derecho fundamental, es imprescindible garantizar la igualdad ante la ley para concretar el sueño de una sociedad justa. Y la igualdad como pretendemos no puede entenderse cuando se conciben categorías jurídicas impropias que soslayan el mandato constitucional”, señala, añadiendo que “de allí la pretensión de dar protección a la función pública, sin menoscabo del resto de las garantías y la finalidad del estado de derecho y de su forma de organización republicana”, ya que “todos somos iguales ante la ley y ante los ojos de Dios”.
Luego el diputado radical, sostiene que “es nuestra intención contribuir al encuentro de todos los correntinos, saldando las fracturas del pasado y tratando de terminar con divisiones estériles o antinomias inútiles. Para ello entonces, reiteramos nuestro compromiso con la verdad, con la justicia y con la mayor calidad institucional que todos los correntinos nos merecemos, ya que resulta imprescindible diseñar y construir el gobierno impersonal de la ley, sin privilegios irritantes, con la marcada independencia del poder judicial confiando en una adecuada gestión del mismo para que la sociedad deje de estar estigmatizada entre gobernantes y gobernados”
El diputado radical Armando Aquino Britos presentó a la consideración de sus pares, “por cuarta vez”, el proyecto de restricción de inmunidades parlamentarias que busca modificar artículos del Código Procesal Penal "dudosa" constitucionalidad.
Habida cuenta que generan “una notoria e irritante desigualdad que se asemeja bastante a un fuero personal” a favor de “los legisladores, jueces, funcionarios judiciales, gobernador y sus ministros”.El legislador integrante del Bloque “Leandro N Alem” de la Cámara baja local, remarca que el proyecto de ley “tiene la sola intención de mejorar la calidad institucional de la Provincia a través de una reforma política e institucional” y su insistencia, aclara, responde “a una profunda concepción republicana y nos lo impone nuestra identidad cívica, nos demanda la sociedad, y es un imperativo ético insoslayable”.
Cabe recordar que artículos l96 a l99 del Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, imponen el privilegio de no concurrir a una cita judicial, en tanto que la propuesta de Aquino Britos, “permite al legislador, funcionario o magistrado concurrir de manera espontánea ante el juez competente sin necesidad de escudarse en los mecanismos cuestionados que resultaban una égida para el funcionario y un verdadero obstáculo para la prosecución del proceso y la dilucidación de la verdad real, fin cardinal de todo proceso para que a través del derecho se haga justicia”.
Menciona al igual que los artículos 189,190, y 191 de Código similar de la Nación y que fuera zanjado por la ley Nº 25.320, que terminó con los privilegios en el fuero Federal. Fundamenta su presentación en que “hay que terminar con la falta de transparencia sin menoscabo de ninguna garantía constitucional y sin la formación de prejuicios”.
Advierte que “nada tiene que ver con la protección funcional de la actividad que despliegan los diferentes órganos del Estado. Puede encontrar en este proyecto –remarca- el equilibrio adecuado, pues se protege la función que desempeñan los magistrados, legisladores y funcionarios, y se despeja la bruma de duda que envuelve a las gestiones públicas que merced a la redacción del Código de Procedimientos en la especie, en la forma y modo que lo trata, deja perenne el debate sobre la constitucionalidad su tratamiento y disposiciones”.
“Proteger la función pública –afirma- no debe significar inmunidad de proceso y menos aun soslayar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva a través de un proceso, de allí la protección de la actividad funcional sobre sus papeles privados, y la limitación sobre allanamientos sobre el lugar donde desempeña la labor el funcionario involucrado judicialmente, debiendo ser la cámara de diputados como órgano acusador en el juicio político quien permita sumariamente la obtención de una prueba que se considera vital, como se propone en el artículo tercero del presente proyecto”.
Insiste que a través de la reforma propuesta “además de defender la libertad como principal derecho fundamental, es imprescindible garantizar la igualdad ante la ley para concretar el sueño de una sociedad justa. Y la igualdad como pretendemos no puede entenderse cuando se conciben categorías jurídicas impropias que soslayan el mandato constitucional”, señala, añadiendo que “de allí la pretensión de dar protección a la función pública, sin menoscabo del resto de las garantías y la finalidad del estado de derecho y de su forma de organización republicana”, ya que “todos somos iguales ante la ley y ante los ojos de Dios”.
Luego el diputado radical, sostiene que “es nuestra intención contribuir al encuentro de todos los correntinos, saldando las fracturas del pasado y tratando de terminar con divisiones estériles o antinomias inútiles. Para ello entonces, reiteramos nuestro compromiso con la verdad, con la justicia y con la mayor calidad institucional que todos los correntinos nos merecemos, ya que resulta imprescindible diseñar y construir el gobierno impersonal de la ley, sin privilegios irritantes, con la marcada independencia del poder judicial confiando en una adecuada gestión del mismo para que la sociedad deje de estar estigmatizada entre gobernantes y gobernados”
Momarandú.com
