Ahora la mira de la Justicia apunta a la ministra de Educación Virginia Almará y algunos de sus colaboradores. Estarían involucrados en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Luego del estruendoso escándalo por enriquecimiento ilícito en el que se viera involucrado el secretario privado del gobernador de la Provincia , Diego Mosquera, el ministerio público decidió requerir por incumplimiento de los deberes de funcionario público a la actual ministra de Educación y esposa del primer mandatario provincial, Virginia Almará y un grupo de sus colaboradores. En la resolución judicial se advierte la inacción de la jefa de la cartera educativa y su equipo de trabajo, frente a la posible existencia de 1300 docentes que cobrarían sueldos por tareas que no desempeñan. Un desembolso aproximado de dos millones de pesos mensuales (casi veinticinco millones anuales) en perjuicio del erario provincial al pagar salarios de supuestos empleados, que no cumplen ninguna labor, más conocidos como “ñoquis”.
A principios de septiembre del año 2008, la ministra Almará salió a los medios de comunicación a dar un ruidoso anuncio de la detección de aproximadamente 1300 docentes provinciales que cobrarían sus haberes, pero no se encontrarían desempeñando las funciones que le corresponden en las escuelas o en otras áreas del ámbito educativo, significando esta irregularidad para el Estado correntino un gasto excesivo e injustificado. Este descubrimiento se concretó mediante un relevamiento informático realizado a través del Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Sistemas Educativos (PREGASE), pero a la fecha (medio año después) el organismo educativo, no ha individualizado a posibles docentes que se encontrarían en forma irregular.
Tampoco se han iniciado sumarios administrativos, ni se ha presentado denuncia alguna ante la justicia provincial por la probable irregularidad. Se supone que existen personas inscriptas como docentes, que continuarían percibiendo haberes irregularmente si se atiene a la acusación concretada en su momento por Almará de Colombi.
LA CAUSA
Ante la denuncia mediática de la ministro de Educación, se inició de oficio una investigación por orden del Ministerio Público Fiscal en septiembre de 2008. Las tareas de investigación preliminares se concretaron desde la Fiscalía de Instrucción Nº 5 a cargo de María Graciela Fernández Contarde. De las diligencias realizadas, se desprende que Almará de Colombi dictó la Resolución N º 1818 (el 12 de Septiembre de 2008) conformando una comisión encargada de la investigación y análisis caso por caso, ante las supuestas anormalidades en la situación de revista de los agentes integrantes del Sistema Educativo Provincial.
El cuerpo de pesquisa, estuvo o está integrado por el subsecretario de Gestión Administrativa, Programación y Educación Oscar José Gagliardi, la directora de la secretaria General María Leticia Ortiz, el director de Personal a cargo de la Dirección de Recursos Humanos Raúl Alberto Gómez y la secretaria privada del Ministerio de Educación Mirta Graciela Ferrer. Según de lo que se desprende de la resolución Fernández Contarde, estos funcionarios estarían también involucrados al in*****plir con sus deberes de contralor. De proseguir la situación irregular de los docentes ñoquis (cobrar sin trabajar), le estaría ocasionando al Estado provincial un perjuicio económico de magnitud en momentos en que los maestros reclaman a través de huelgas, una recomposición salarial. La Juez de Instrucción Nº5 Laura Varela es quien tiene a cargo el proceso.
“Que congelen los precios”
Los sueldos más bajos del país
La Multisectorial se pregunta si ¿estos “señores” no saben que los salarios de la administración pública de Corrientes son los mas bajos del País? “Es difícil entender esta propuesta de los “empresarios” correntinos que “parece les agrada escupir para arriba, ya que está debidamente comprobado que todo aumento salarial otorgado a los agentes públicos se gasta en el mercado interno, en sus propios negocios y empresas”.
Para enfrentar la crisis, “sería muy interesante en lugar de andar metiéndose con los salarios de trabajadores que no dependen de sus “empresas”, que congelen los precios de los productos que venden o de los servicios que prestan; que dejen de “negrear” a sus trabajadores; que paguen sus impuestos y tasas como cualquier hijo de vecino; que al menos protesten activamente cuando les alcanza un tarifazo como el que recientemente tuvieran los ciudadanos de esta provincia en el servicio de energía eléctrica y del que estos “empresarios” nada, absolutamente nada, han dicho, ni hecho”. Firman ACDP, SUTECO, UDA, AMET, MUD, SADOP (docentes); ATSA, ASPROSAC (sanidad y profesionales), Viales Provinciales, Bancarios, FESTRAMCO, AOEM (municipales), AEPPC (administración central), SITRAJ (judiciales), SELCO (legislativos), APETCRA (Tribunal de Cuentas) y ATUN (universidad nacional)
Fuente: Diario1588
